15 sheriffs demandan a Nueva York para poder mantener acuerdos con ICE

Una nueva batalla legal comenzó en Nueva York por la forma en que policías y sheriffs locales pueden colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.

Quince sheriffs del estado presentaron una demanda para intentar frenar la nueva ley estatal que prohíbe los llamados acuerdos 287(g).

Pero, ¿qué significa eso en palabras sencillas?

Los acuerdos 287(g) permiten que algunas agencias policiales locales trabajen con ICE y que ciertos agentes, después de recibir capacitación federal, puedan realizar funciones relacionadas con inmigración.

La nueva ley de Nueva York dice que las autoridades estatales y locales ya no pueden participar en ese tipo de acuerdos. La prohibición entró en vigor ayer 25 de agosto de 2026.

Y ayer mismo, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James confirmaron que 15 sheriffs habían presentado una demanda para desafiar la nueva ley.

¿Qué son exactamente los acuerdos 287(g)?

El nombre viene de una sección de la ley federal de inmigración.

En términos simples, estos acuerdos permiten que el gobierno federal autorice a determinadas agencias policiales locales a colaborar con ICE en algunas funciones migratorias.

Eso puede incluir, dependiendo del tipo de acuerdo, identificar a personas bajo custodia que podrían estar sujetas a acciones migratorias y realizar otras tareas bajo supervisión federal.

La ley federal permite estos acuerdos, pero también establece que los estados y gobiernos locales no están obligados a participar en ellos.

Ese detalle es muy importante para entender la disputa actual.

Nueva York aprobó la Ley de Policías Locales, Delitos Locales, conocida en inglés como Local Cops, Local Crimes Act.

La idea del gobierno estatal es sencilla: los policías y sheriffs locales deben concentrarse principalmente en combatir delitos y proteger a sus comunidades, y no utilizar recursos locales para hacer cumplir leyes civiles de inmigración que corresponden al gobierno federal.

Por eso, la nueva ley prohíbe que agencias estatales y locales celebren, renueven o mantengan acuerdos 287(g) con ICE.

También limita determinados acuerdos utilizados para mantener detenidas en cárceles locales a personas exclusivamente por asuntos civiles de inmigración.

Esto no significa que la policía local tenga prohibido trabajar con el gobierno federal en todos los casos.

Las autoridades locales todavía pueden colaborar con agencias federales en investigaciones criminales y en otras situaciones permitidas por la ley.

¿Por qué demandaron los sheriffs?

La Oficina de la Fiscal General confirmó la existencia de la demanda presentada por los 15 sheriffs, pero el comunicado oficial no publica sus nombres ni explica detalladamente todos los argumentos incluidos en el documento judicial.

Lo que sí está claro es que la demanda busca desafiar la prohibición estatal de los acuerdos 287(g).

En otras palabras, los sheriffs quieren que un tribunal revise si Nueva York tiene autoridad para impedir que agencias locales mantengan este tipo de colaboración con ICE.

Esta no es la primera vez que la nueva ley llega a un tribunal. El gobierno federal ya había demandado a Nueva York e intentó frenar varias partes de la legislación. El 3 de agosto de 2026, la jueza federal Mae A. D’Agostino tomó una decisión importante: Se negó a suspender temporalmente la parte de la ley que termina los acuerdos 287(g).

El tribunal señaló que, aunque la ley federal permite que estados y gobiernos locales colaboren con ICE mediante estos acuerdos, no los obliga a hacerlo.

En otras palabras: el gobierno federal puede ofrecer este tipo de colaboración, pero un estado también puede decidir que sus agencias no participen.

La jueza consideró que, al menos en esa primera etapa del caso, el gobierno federal no había demostrado suficientemente que Nueva York estuviera actuando ilegalmente al prohibir esos acuerdos.

Es importante entender que la decisión del 3 de agosto no resolvió definitivamente si toda la ley es constitucional o no. La jueza estaba decidiendo solamente si debía suspender temporalmente la ley mientras continúa el proceso judicial. Y decidió que, por ahora, la prohibición de los acuerdos 287(g) podía continuar.

¿Qué dijeron la gobernadora y la fiscal?

Después de conocerse la nueva demanda de los 15 sheriffs, Hochul y James defendieron nuevamente la ley. Las funcionarias sostienen que los recursos de policías y sheriffs locales deben utilizarse principalmente para combatir delitos dentro de sus propias comunidades.

También dijeron que muchas agencias policiales de Nueva York ya trabajaban sin acuerdos 287(g).

“Los tribunales ya se negaron una vez a bloquear esta ley y confiamos en que volverán a hacerlo”, señalaron Hochul y James.

¿Qué significa esto para la comunidad inmigrante?

Por ahora, la respuesta más importante es esta:

La nueva ley sigue vigente. La presentación de la demanda de los 15 sheriffs no significa que la prohibición haya sido anulada ni suspendida.

Mientras un tribunal no diga lo contrario, las agencias estatales y locales de Nueva York deben cumplir con la prohibición de los acuerdos 287(g). Eso significa que las agencias locales no pueden seguir utilizando esos convenios para realizar determinadas funciones migratorias en nombre de ICE.

Sin embargo, ICE continúa teniendo autoridad federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.

La nueva ley de Nueva York no elimina a ICE, no impide todas las operaciones federales de inmigración y tampoco convierte al estado en un territorio donde las leyes migratorias federales dejan de aplicarse. Lo que cambia es el papel que pueden desempeñar policías y sheriffs locales en ciertas tareas de inmigración.

La nueva demanda de los 15 sheriffs abre otro capítulo de una discusión mucho más grande: quién decide cómo y cuándo las autoridades locales deben colaborar con el gobierno federal en asuntos migratorios.

Por ahora, Nueva York mantiene su posición: los policías locales deben concentrarse en los delitos locales.

Los sheriffs que presentaron la demanda quieren que un juez revise esa decisión.

Y serán los tribunales los que determinen hasta dónde puede llegar la autoridad del estado.