East Hampton someterá a audiencia pública una ley que delimita la cooperación local con autoridades federales de inmigración y refuerza la seguridad comunitaria

El Ayuntamiento de East Hampton convocó a una audiencia pública para debatir una propuesta de enmienda al Capítulo 211 del código municipal sobre seguridad pública y rendición de cuentas, una iniciativa que busca establecer reglas claras sobre la participación de recursos locales en acciones federales de inmigración y fortalecer la confianza entre la comunidad y las autoridades.

La audiencia se realizará el jueves 7 de mayo a las 6 de la tarde, en la sede del ayuntamiento ubicada en el 159 de Pantigo Road, en East Hampton. Según la resolución oficial, el objetivo es escuchar comentarios de residentes, organizaciones y cualquier persona interesada, tanto a favor como en contra de la propuesta, antes de que la junta municipal tome una decisión.

El documento establece como intención legislativa reconocer la autoridad del gobierno federal para promulgar y hacer cumplir las leyes de inmigración, conforme a la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, también subraya que bajo el sistema federal, los estados y gobiernos locales conservan facultades propias, especialmente a través del llamado “poder policial”, que les permite proteger la seguridad pública, el orden y el bienestar de sus comunidades.

En ese contexto, la propuesta sostiene que la labor de la policía local depende en gran medida de la confianza de los residentes, el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el ejercicio de la autoridad. De acuerdo con el texto, cuando el temor o la incertidumbre generados por operativos federales de inmigración llevan a miembros de la comunidad a evitar el contacto con instituciones públicas, se debilita la seguridad general, ya que disminuye la denuncia de delitos y la cooperación con las autoridades.

La iniciativa también hace referencia al contexto nacional, señalando que agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Justicia han intensificado operaciones de cumplimiento migratorio, lo que, según el documento, ha generado preocupación y temor en diversas comunidades.

Entre los puntos más relevantes de la propuesta se encuentra la prohibición para que el municipio participe en acuerdos con el gobierno federal que deleguen funciones de aplicación de leyes migratorias a nivel local, como los contemplados en la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Asimismo, se establece que, salvo que exista una orden judicial o una obligación legal expresa, el personal municipal no podrá utilizar recursos del pueblo —incluyendo personal, vehículos, instalaciones, fondos o bases de datos— para investigar, detener, interrogar, arrestar o transportar a personas con el único propósito de hacer cumplir leyes migratorias civiles.

El texto también aclara que nada en la ley impediría la cooperación con agencias federales en investigaciones criminales cuando así lo requiera la ley, ni limitaría el cumplimiento obligatorio de normativas estatales o federales.

Otro componente central de la propuesta es la creación de un grupo de trabajo comunitario, concebido como un espacio de diálogo y asesoría. Este grupo estaría integrado por hasta doce miembros con derecho a voto, designados por la junta municipal, incluyendo representantes de distritos escolares, el clero, profesionales de la salud, organizaciones sin fines de lucro, bancos de alimentos, un abogado con experiencia en leyes migratorias, especialistas en servicios sociales, un defensor de la juventud latina y un empresario latino.

Además, el grupo contaría con miembros ex officio, como el jefe del departamento de policía de East Hampton, el supervisor del municipio, el abogado del ayuntamiento y el director de servicios humanos. Los integrantes designados servirían por períodos de un año.

Entre sus funciones, el grupo de trabajo deberá reunirse según sea necesario para abordar preocupaciones de la comunidad relacionadas con prácticas federales de inmigración dentro del municipio, así como emitir recomendaciones al ayuntamiento sobre medidas apropiadas para proteger la seguridad pública. La junta municipal, por su parte, estaría obligada a responder a dichas recomendaciones en un plazo de 30 días.

La propuesta también introduce requisitos específicos de reporte en situaciones en las que la policía local responda a incidentes relacionados con operativos federales de inmigración. En esos casos, los oficiales deberán documentar el incidente conforme a los procedimientos del departamento y notificarlo al supervisor municipal dentro de un plazo de 24 horas. Posteriormente, el supervisor deberá informar a todos los miembros de la junta municipal en el mismo periodo y proporcionar la documentación correspondiente a más tardar en la siguiente reunión regular. Estos informes también deberán ponerse a disposición del público y del grupo de trabajo, en cumplimiento con la ley estatal de acceso a la información.

Otro aspecto incluido en la propuesta es la facultad de los agentes de policía locales para solicitar identificación a personas que participen en acciones de cumplimiento migratorio dentro del municipio. Esta medida tiene como propósito prevenir delitos como la suplantación de identidad, conforme a lo establecido en la legislación penal estatal.

La propuesta de ley fue elaborada por el municipio de East Hampton, tomando como base la propuesta redactada por la organización OLA Of Eastern Long Island, que ha sido presentada en diferentes localidades.  OLA planea tomar unos minutos para impulsar su propuesta hoy, a las 6 de la tarde, en la reunión de la junta municipal de East Hampton, donde la supervisora Kathee Burke-Gonzalez anunciará la audiencia pública.  La comunidad está invitada a participar tanto esta noche, como el 7 de mayo en la audiencia pública, para conocer más de la propuesta y manifestar su opinión al respecto.

El aviso oficial del municipio de East Hampton indica que la audiencia pública para discutir su versión de la ley, será presencial, pero también estará disponible mediante transmisión televisiva en el canal local y a través de plataformas digitales. Los residentes podrán participar en persona, por teléfono o enviando comentarios por escrito al secretario municipal al correo electrónico MHansen@ehamptonny.gov, antes del 7 de mayo.

La propuesta establece que, de ser aprobada, la ley entraría en vigor inmediatamente tras su registro oficial y permanecería vigente hasta el 1 de julio de 2029, salvo que alguna de sus disposiciones sea declarada inválida por un tribunal competente, en cuyo caso el resto del texto continuaría en efecto.