El municipio gana la desestimación en una demanda por el incendio fatal en Second Street

Un juez estatal ha desestimado al municipio de Riverhead de una de las dos demandas presentadas tras el incendio fatal ocurrido en el número 46 de East Second Street en Riverhead, donde cinco personas murieron en noviembre de 2021.

En una orden del 13 de marzo, la jueza de la Corte Suprema del estado, Alison Napolitano, concedió un fallo sumario a favor del municipio en la demanda presentada por los patrimonios de una inquilina y su sobrino.

La orden significa que las reclamaciones contra el municipio en ese caso no irán a juicio.

Un fallo sumario es una decisión que un juez puede emitir sin necesidad de un juicio cuando determina que no existen hechos clave en disputa que requieran que un jurado decida el asunto. En este caso, Napolitano dictaminó que, según la ley, el municipio no podía ser considerado responsable por las reclamaciones presentadas por los demandantes.

Las reclamaciones contra la propietaria del inmueble, Carmela Cannella, no fueron desestimadas en la orden del 13 de marzo.

El incendio ocurrió tarde en la noche del 16 de noviembre de 2021 en una antigua casa grande de tres pisos ubicada en East Second Street. Cinco miembros de una familia guatemalteca murieron en el incendio: Zonia Rivera Mendoza, de 41 años; su hija, Andrea Isamar González, de 16; su hijo, Carlos Cifredo Peñate Rivera, de 24; y sus sobrinos, Douglas Edgardo Rivera Aguirre, de 24, y Carlos Alberto Ramos Aguirre, de 22.

La policía indicó que todos quedaron atrapados en un dormitorio frontal del apartamento del tercer piso, donde aparentemente buscaron refugio del incendio que avanzaba rápidamente. Su única vía de salida, la escalera central, colapsó durante el incendio. Parte del tercer piso también se derrumbó.

Las víctimas fueron identificadas por la Oficina del Médico Forense del condado de Suffolk mediante registros dentales, huellas dactilares y ADN. La causa de la muerte de las cinco personas fue inhalación de humo.

Otras personas que se encontraban en la casa, incluida Cannella y los inquilinos del segundo piso, lograron escapar por una puerta trasera. El incendio destruyó la casa, que tenía más de un siglo de antigüedad y posteriormente fue demolida.

La Policía del condado de Suffolk informó en marzo de 2022 que el incendio fue causado por cigarrillos.

La demanda contra el municipio alegaba que Riverhead actuó con negligencia en la forma en que gestionó las inspecciones de alquileres y la aplicación de los códigos normativos en la propiedad en cuestión. Sin embargo, la jueza Napolitano dictaminó que dichas acciones fueron llevadas a cabo por el municipio en el ejercicio de su función gubernamental, y no en calidad de propietario. Asimismo, resolvió que los demandantes no lograron demostrar que el municipio tuviera un deber legal especial de proteger a las víctimas que fuera más allá del deber general que tiene para con el público en su conjunto.

La orden de la jueza señala que el permiso de alquiler de la vivienda había vencido en marzo de 2020, que no se presentó ninguna solicitud de renovación, que los funcionarios municipales realizaron visitas de verificación de alquileres y que, en octubre de 2021, se notificaron citaciones a Cannella por operar los apartamentos sin contar con el permiso de alquiler correspondiente. No obstante, la jueza determinó que, aun así, tales hechos no eran suficientes para responsabilizar legalmente al municipio por las muertes ocurridas.

«La decisión es muy clara y resuelve las reclamaciones presentadas contra el municipio tal como se esperaba», declaró Erik Howard, abogado del municipio de Riverhead, en un correo electrónico enviado el lunes por la tarde. «El incendio y la pérdida de vidas que este provocó fueron hechos trágicos; sin embargo… atribuir la culpa al municipio sería inapropiado y carecería de respaldo legal. Imponer un deber especial al municipio implicaría, en la práctica, responsabilizar de manera activa tanto al municipio como al departamento de aplicación de códigos por la seguridad interior de las unidades de alquiler, de forma continua e ininterrumpida. Una responsabilidad de tal magnitud resultaría imposible de gestionar», escribió.

«Cabe destacar que, a raíz de esta tragedia, el municipio implementó una normativa destinada a mejorar la seguridad de las unidades de alquiler; concretamente, prohibiendo el alquiler de unidades ubicadas en un tercer piso en ausencia de sistemas de rociadores contra incendios, de pruebas de contar con un seguro de responsabilidad civil (ya sea del propietario u otro tipo) y de una vía de evacuación adicional», señaló Howard. «Además, el municipio redujo la vigencia de los permisos de alquiler de dos años a un año, con el fin de permitir la realización de inspecciones anuales en las unidades arrendadas y posibilitar una revisión más frecuente de las condiciones interiores de las propiedades de alquiler».

Asimismo, la jueza Napolitano desestimó la solicitud presentada por los demandantes para modificar sus avisos de reclamación con el propósito de incluir una reclamación por «dolor y sufrimiento consciente».

La demanda fue interpuesta por Jason Hernández, administrador del patrimonio de Rivera, y por Matthew Kiernan, administrador público del patrimonio de Ramos.

Una demanda separada presentada por Ruben A. Gonzalez Godoy, padre de Andrea González, sigue pendiente. La jueza había ordenado previamente que ambos casos se unieran para el juicio, pero las demandas continuaron siendo separadas para otros propósitos, con registros de mociones distintos. El municipio presentó una moción similar de fallo sumario en la demanda de González. Según los registros judiciales hasta esta mañana, esa moción aún no ha sido decidida.