La Autoridad de Vivienda de East Hampton acordó pagar 82,500 dólares a la familia de un inquilino menor de edad para resolver una demanda federal que la acusaba de discriminarlo por negarle vivir con su perro de apoyo emocional, anunció el fiscal federal Joseph Nocella Jr. este jueves.
El acuerdo pone fin a la demanda presentada por el gobierno de Estados Unidos bajo la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act), que alegaba que la agencia local se negó durante diecinueve meses, entre 2021 y 2022, a permitir que el menor viviera con su perro, argumentando erróneamente que los animales de apoyo emocional no calificaban para una adaptación razonable bajo la ley.
“El acuerdo de hoy garantiza que los inquilinos con discapacidades que requieren animales de asistencia reciban una adaptación razonable para que tengan la misma oportunidad de usar y disfrutar sus hogares que el resto de los inquilinos”, declaró Nocella. “Nuestra oficina seguirá haciendo cumplir la Ley de Vivienda Justa y sus protecciones contra la discriminación hacia personas con discapacidades.”
Como parte del acuerdo, la Autoridad de Vivienda de East Hampton se comprometió a adoptar una política formal de adaptación razonable para solicitudes de animales de asistencia, cumplir con requisitos de notificación, capacitación y mantenimiento de registros para que su personal conozca y respete la Ley de Vivienda Justa, y permitir que el gobierno federal supervise el cumplimiento del acuerdo.
La Ley de Vivienda Justa prohíbe discriminar en los términos de venta o alquiler de una vivienda, o negarla, por motivo de discapacidad del comprador o inquilino, y exige que se realicen adaptaciones razonables en reglas, políticas, prácticas y servicios cuando sea necesario para garantizar igualdad de oportunidades de vivienda a personas con discapacidad.
El caso estuvo a cargo de Megan Freismuth, jefa de la Sección de Derechos Civiles de la División Civil de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.
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