La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición de 21 fiscales generales del país que este 19 de noviembre pidió al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, que corrija errores en las nuevas instrucciones federales que determinan la elegibilidad para recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP.
La carta, dirigida a la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, señala que la guía federal considera erróneamente a ciertos inmigrantes como no elegibles para la asistencia alimentaria, lo que contradice la ley vigente y podría impedir ilegalmente que residentes permanentes legales que obtuvieron asilo o llegaron al país como refugiados, beneficiarios de libertad condicional humanitaria u otros permisos humanitarios, reciban los alimentos a los que tienen derecho.
James advirtió que la confusión generada por la interpretación del USDA pone en riesgo a familias vulnerables que dependen de SNAP para su sustento. Subrayó que quienes han obtenido estatus legal no deberían perder asistencia alimentaria debido a una mala aplicación de la normativa federa. La coalición recordó que, según la ley, los refugiados y asilados se vuelven elegibles para SNAP en el momento en que reciben la residencia permanente legal. Muchas personas logran ese estatus dentro de los primeros años de haber llegado al país, por lo que el acceso debería ser inmediato.
“La guía confusa e incorrecta del USDA pone a las personas vulnerables en riesgo de perder los alimentos que necesitan para sobrevivir”, dijo la Fiscal General James. “Los refugiados, asilados y otros inmigrantes que obtuvieron el estatus legal no deberían perder el acceso a los beneficios del SNAP porque el gobierno federal malinterpretó sus propias leyes. Las familias necesitan certeza, los estados necesitan instrucciones claras, y el USDA debe corregir estos errores de inmediato”.
Los fiscales generales explicaron que la guía enviada el 31 de octubre a las agencias estatales de SNAP se convirtió en vinculante tan solo un día después, durante un fin de semana, dejando a los estados sin tiempo para ajustar sus procesos. Además, señalaron que el USDA malinterpreta el periodo de espera federal de cinco años que solo aplica para algunos residentes permanentes legales, y que excluye expresamente a refugiados, asilados, personas con deportación retenida y otros grupos humanitarios. La carta indica que esta interpretación contradice décadas de práctica del propio USDA y viola regulaciones federales vigentes.
La coalición dice además que al afirmar que el periodo de transición de 120 días ya concluyó antes de brindar a los estados un solo día hábil para revisar la guía, el Departamento de Agricultura podría exponerlos a sanciones financieras por errores derivados de instrucciones tardías e imprecisas. La coalición exige que el USDA rectifique de inmediato estos fallos, publique con claridad la lista correcta de grupos humanitarios elegibles y reconozca el inicio adecuado del periodo de transición.
La iniciativa fue firmada por los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, quienes acompañan a James en la solicitud de correcciones urgentes para proteger la asistencia alimentaria de miles de familias en todo el país.
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