Grupos de derechos civiles piden a corte federal que limite operativos de ICE en Long Island

Dos organizaciones de derechos civiles acudieron esta semana a un tribunal federal de Nueva York para exigir límites a las prácticas de arresto de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Long Island, alegando que los agentes han detenido a residentes de manera inconstitucional basándose en su apariencia física o en el idioma que hablan.

Latino Justice PRLDEF y el Centro de Refugiados de América Central en Nueva York, CARECEN-NY por sus siglas, presentaron el 6 de abril un escrito de amicus curiae —o “amigo de la corte”— ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York en el caso Alfaro contra Mullin, en respaldo a William Enrique Sánchez Alfaro, un joven de 25 años residente de Coram, Long Island.

Según las organizaciones, Sánchez Alfaro fue arrestado por agentes de ICE el 6 de febrero de este año, a pesar de contar con autorización de empleo vigente. Los agentes, que no portaban una orden de arresto, buscaban a otra persona en el momento de la detención.

El escrito describe un patrón de operativos de ICE en el que los agentes habrían tomado decisiones de arresto basándose en factores como la raza, el uso del español, la ubicación geográfica o el tipo de trabajo de las personas. Las organizaciones argumentan que estas prácticas violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege a los ciudadanos contra arrestos y detenciones sin causa justificada.

“La ley exige pruebas reales, no perfiles raciales”, dijo Andrew Case, asesor supervisor de LatinoJustice PRLDEF. “Nadie debería ser detenido por su apariencia, por cómo habla o por el tipo de trabajo que realiza”.

El escrito señala consecuencias concretas para las comunidades de Long Island. Según los documentos presentados, negocios en el centro de Hempstead que atienden a residentes hispanohablantes han tenido que despedir trabajadores y se encuentran al borde del cierre, debido a que la presencia de agentes de ICE ahuyenta a los clientes independientemente de su estatus migratorio. Además, la asistencia escolar habría caído hasta un 25 por ciento en algunas áreas tras arrestos derivados de detenciones basadas en la apariencia física de las personas.

Casos recientes de hábeas corpus en la región sugieren, según el escrito, que agentes de ICE en Long Island han detenido a personas simplemente por parecer latinos o por su parecido físico con individuos que se encontraban buscando.

“Muchas personas en nuestra región han sido racialmente señaladas y gravemente afectadas por estas detenciones, generando terror generalizado e inestabilidad”, dijo Melanie Creps, directora ejecutiva de CARECEN-NY.

Las organizaciones solicitaron al tribunal que ordene a ICE cesar estas prácticas y exija a la agencia cumplir con la Constitución, deteniendo personas únicamente con justificación legal, realizando arrestos solo con orden judicial y liberando de inmediato a quienes sean detenidos por error una vez confirmada su identidad.