Agentes federales enmascarados, detienen a un hombre en East Main Street, Riverhead, el lunes 29 de diciembre de 2025, en uno de los varios operativos federales en la ciudad que resultaron en al menos tres arrestos, según testigos. Foto: Cortesía
Desde este martes 25 de agosto entró en vigor en todo el estado de Nueva York la prohibición de los acuerdos 287(g), que permitían a determinadas agencias policiales y correccionales locales colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en funciones de aplicación civil de las leyes migratorias.
La disposición forma parte de la ley Local Cops, Local Crimes Act o Ley de Policías Locales, Delitos Locales, firmada en mayo por la gobernadora Kathy Hochul dentro de un paquete más amplio de medidas destinadas a limitar la participación de autoridades estatales y locales en operaciones federales de inmigración.
Con la entrada en vigor de la ley, los gobiernos locales, departamentos de policía y agencias correccionales de Nueva York ya no pueden celebrar ni mantener acuerdos 287(g) ni convenios similares mediante los cuales agentes, empleados, instalaciones o recursos financiados localmente sean utilizados para realizar tareas de aplicación civil de las leyes federales de inmigración.
“En Nueva York necesitamos que la policía local esté enfocada en mantener seguras nuestras comunidades, no actuando como agentes de facto de ICE ni llevando a cabo tareas civiles de inmigración”, afirmó Hochul al anunciar la entrada en vigor de la medida.
La gobernadora sostuvo que los recursos policiales locales deben concentrarse en investigar delitos, responder a emergencias y atender las necesidades de seguridad pública de las comunidades.
La sección 287(g) de la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad permite a ICE establecer acuerdos con agencias policiales estatales y locales para que determinados agentes, después de recibir capacitación y autorización federal, puedan desempeñar algunas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración.
En la práctica, estos acuerdos podían permitir que personal local colaborara con ICE en la identificación y detención de personas por asuntos migratorios.
La nueva legislación de Nueva York establece una separación más clara entre esas funciones federales y el trabajo de las autoridades locales.
La administración Hochul argumenta que involucrar a policías locales en la aplicación civil de las leyes migratorias puede deteriorar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades, haciendo que algunas personas tengan temor de denunciar delitos, solicitar ayuda o colaborar con investigaciones.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, había enviado cartas a las 12 agencias policiales del estado que mantenían acuerdos 287(g) con ICE para informarles que debían poner fin a esos convenios a más tardar este 25 de agosto.
“Esperamos que todas las agencias del orden público de Nueva York cumplan las leyes de nuestro estado”, señaló James.
La fiscal general indicó que, a través de la Oficina de Apoyo a Inmigrantes, su despacho continuará trabajando con autoridades policiales para explicar las obligaciones establecidas por la nueva legislación y podrá tomar medidas para hacerla cumplir cuando sea necesario.
De acuerdo con información proporcionada por el estado, 53 de los 62 condados de Nueva York nunca han mantenido acuerdos 287(g).
La entrada en vigor de la prohibición ocurre después de una batalla judicial entre el gobierno de Nueva York y la administración del presidente Donald Trump.
En junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda cuestionando varias disposiciones del paquete estatal de protecciones relacionadas con inmigración y posteriormente solicitó que algunas de ellas fueran suspendidas mientras avanzaba el litigio.
Sin embargo, un tribunal federal rechazó la solicitud de bloquear preliminarmente la prohibición de los acuerdos 287(g), permitiendo que esta parte de la legislación entrara en vigor este martes.
El litigio continúa sobre otras disposiciones del paquete. Entre ellas, un tribunal bloqueó temporalmente la aplicación de la prohibición estatal que buscaba impedir que determinados agentes del orden utilizaran máscaras o cubiertas faciales mientras interactuaban con el público.
La prohibición de los acuerdos 287(g) es solamente una de las disposiciones aprobadas este año por Nueva York en respuesta al aumento de las operaciones federales de inmigración.
El paquete incluye medidas destinadas a proteger las interacciones de las personas con empleados públicos, establecer restricciones relacionadas con operaciones migratorias en determinados lugares sensibles y garantizar el acceso de estudiantes a la educación pública independientemente de su estatus migratorio.
También contempla mecanismos para presentar demandas cuando una persona considere que determinados funcionarios gubernamentales han violado sus derechos constitucionales.
La administración Hochul sostiene que el objetivo es impedir que recursos estatales y locales sean utilizados para ejecutar la política federal de deportaciones y mantener a los departamentos policiales enfocados en la seguridad pública de sus propias comunidades.
Las personas que consideren que una agencia estatal o local, empleado, contratista, escuela u otra entidad cubierta por estas disposiciones ha violado las leyes estatales relacionadas con la aplicación civil de las normas migratorias pueden comunicarse con la Fiscalía General de Nueva York al 1-800-771-7755.
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