La policía del condado de Suffolk en Long Island pagaría 3,75 millones de dólares, mejoraría la capacitación y las verificaciones de antecedentes, y publicaría datos sobre a quién detiene en las paradas de tránsito, como parte de un acuerdo judicial tentativo, alcanzado el lunes con activistas de derechos civiles.
El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez federal y los legisladores del condado, se deriva de una demanda de 2015 que acusa a los oficiales de discriminar a los latinos. Amplía un acuerdo anterior y similar entre el departamento de policía del condado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre acusaciones de actuación policial discriminatoria.
Meena Roldán Oberdick, abogada de LatinoJustice PRLDEF, dijo que el acuerdo asegurará que las reformas policiales se afiancen.
“Les dará más durabilidad y brindará una garantía adicional de que las reformas continuarán incluso después de que el Departamento de Justicia renuncie a la supervisión, e incluso frente a futuras transiciones en el liderazgo del condado”, dijo.
El acuerdo con LatinoJustice, una organización de derechos civiles con sede en Manhattan, agrega requisitos adicionales a un acuerdo de 2013 que exigía reformas policiales y supervisión federal. La policía ha tenido problemas para cumplir incluso con los términos más básicos del acuerdo, según la correspondencia entre Suffolk y el Departamento de Justicia obtenida por Gothamist.
Luego de una reforma policial ordenada por el estado en 2021, el condado publicó un tablero en línea de datos de detención de tráfico. No incluía información de matrículas, la razón por la que se registró a las personas y las acciones que tomaron los oficiales. El tablero se desconectó luego de un ataque cibernético debilitante el verano pasado.
Por ejemplo, el Departamento de Justicia, exigió que el condado recopilara y analizara los datos de las paradas de tránsito. Sin embargo, el condado admitió ante el magistrado estadounidense Louis Bloom que los datos que recopiló no eran confiables y nunca se analizaron.
Este nuevo acuerdo con LatinoJustice, que no incluye un monitor independiente, requiere que el condado publique datos sin procesar trimestralmente en su sitio web para que cualquiera pueda analizarlos. Los datos mostrarán si personas específicas son detenidas repetidamente. También establecerá juntas asesoras a nivel de distrito para escuchar las preocupaciones de la comunidad, capacitar mejor a los oficiales sobre cómo emitir violaciones menores de manera equitativa y realizar verificaciones de antecedentes para asegurarse de que los nuevos reclutas nunca hayan sido parte de un grupo de supremacistas blancos.
“Nuestra denuncia alegó una práctica sistémica mucho más amplia de paradas inconstitucionales de tráfico y peatones dirigidas a los latinos en función de su raza y origen nacional”, dijo Roldán Oberdick.
En los documentos judiciales, inicialmente se argumentó que el Departamento de Justicia ya estaba supervisando. El tribunal rechazó esto. En una decisión de 23 páginas, el juez William Kuntz escribió que Suffolk no “hizo ningún intento serio de cambiar sus prácticas”. Agregó que si Suffolk hubiera recopilado los datos correctamente, habría demostrado que “los oficiales atacaron a los latinos y los sometieron a un trato desigual”.
En lugar de responder a estas afirmaciones en el juicio, la administración del ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, acordó resolverlas.
Si se aprueba, el acuerdo pondría fin a una demanda colectiva de ocho años que comenzó después de que el sargento Scott Greene detuviera a los conductores latinos y los extorsionara por dinero en efectivo. Veintiún conductores latinos demandaron al condado alegando que la policía ignoró la evidencia del llamado plan de “parar y robar” de Greene. Los defensores dijeron que las disparidades en la aplicación del tráfico iban más allá de Greene y continuaron después de que se declaró culpable.
La ejecutiva adjunta del condado, Vanessa Baird-Streeter, dijo que el acuerdo propuesto codifica las reformas que ya están en marcha. Baird-Streeter también destacó los esfuerzos del condado para contratar a más oficiales latinos e hispanos.
“Eso ayuda a romper conceptos erróneos y nociones preconcebidas que podamos tener sobre el otro”, dijo.
Los funcionarios del condado dicen que esperan que los legisladores del condado aprueben este acuerdo. El presidente de la legislatura del condado, Kevin McCaffrey, no devolvió las llamadas en busca de comentarios.
El costo de $3.75 millones para los contribuyentes incluye $2,250,000 en honorarios de abogados y un pago de $75,000 a cada uno de los demandantes nombrados.
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