En la imagen generada por IA para ilustrar este artículo, aparecen de izquierda a derecha, el congresista republicano por el Primer Distrito, Nick LaLota, Minerva Pérez, Directora Ejecutiva de OLA Of Eastern Long Island, Kathee Burke-Gonzalez, supervisora del municipio de East Hampton y Jerry Larsen, Alcalde de East Hampton Village
Una fuerte confrontación política se ha desatado en el East End luego de que el congresista republicano Nick LaLota advirtiera a alcaldes, supervisores y líderes municipales del Primer Distrito Congresional, que no respaldará futuras solicitudes de fondos federales de aquellas localidades que adopten leyes o políticas que, a su juicio, obstaculicen la cooperación con las autoridades federales.
En una carta enviada a los gobiernos locales, el 17 de junio, LaLota aseguró que, aunque los municipios son libres de adoptar sus propias políticas, no deberían esperar recibir apoyo del Congreso para fondos discrecionales si aprueban medidas que “deliberadamente obstruyan, impidan o rechacen la cooperación legal con las autoridades federales”.
El congresista recordó que durante los últimos años ha conseguido decenas de millones de dólares en fondos para proyectos de infraestructura, protección ambiental y seguridad pública en el Primer Distrito y destacó que en el año fiscal 2026 obtuvo la tercera mayor asignación para proyectos comunitarios, entre los 26 representantes de Nueva York.
LaLota afirmó que los contribuyentes federales no deberían subsidiar a gobiernos locales que socaven la aplicación de la ley federal y expresó preocupación por las acciones de gobiernos locales y el gobierno estatal en ese sentido.
“Las acciones recientes de ciertos municipios de Nueva York para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración han suscitado serias preocupaciones al respecto. Estas preocupaciones se ven agravadas por políticas estatales que han hecho que los neoyorquinos estén menos seguros”, dice la carta de Lalota. “Las leyes de libertad bajo fianza sin efectivo de Nueva York han reducido la rendición de cuentas de los delincuentes, mientras que la reciente prohibición estatal sobre la participación local en los acuerdos federales 287(g) obstaculizará la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, dificultando la identificación y remoción de extranjeros ilegales criminales violentos de nuestras comunidades”.
Aunque el congresista no hace referencia a ningún municipio en particular, si es tajante en afirmar que los fondos para proyectos comunitarios se verán afectados en aquellos casos en los que se se adopten políticas que limiten las acciones de las agencias federales.
“Los municipios que adopten políticas santuario, restrinjan la cooperación legal con las autoridades federales de inmigración o, de otro modo, elijan políticas que socaven la seguridad pública y el estado de derecho, no deberían esperar una consideración favorable para las solicitudes de Fondos para Proyectos Comunitarios presentadas a través de mi oficina. Si bien los gobiernos locales siguen siendo libres de aplicar dichas políticas, no deberían esperar apoyo del Congreso para obtener fondos federales discrecionales mientras lo hagan”. añade en su comunicación el legislador federal.
El municipio de East Hampton y la villa de East Hampton se convirtieron en las primeras administraciones locales en acoger la Ley de Seguridad Pública y Rendición de Cuentas promovida por OLA of Eastern Long Island, con la intención de fijar protocolos claros para actuar con las agencias federales cuando realicen operativos en la región.
Por eso, la respuesta de la supervisora de East Hampton, Kathee Burke-Gonzalez, ante la carta del congresista LaLota, no se hizo esperar.
“Hace poco una estudiante de último año de East Hampton High School se presentó ante la Junta Municipal y dijo que el miedo nunca abandona el fondo de su mente, porque cualquier día podría ser el día en que algo les ocurra a sus padres. No he dejado de pensar en sus palabras”, expresó la supervisora.
Burke-Gonzalez aseguró que ha visto crecer el temor entre familias de la comunidad que sienten miedo de conducir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o incluso acudir a una iglesia o a una clínica médica.
“Esos son nuestros vecinos, y están asustados en su propio hogar. Y eso nos afecta a todos. Esas son las personas a las que el congresista Nick LaLota decidió atacar esta semana”, afirmó.
La supervisora acusó al congresista de amenazar con retirar recursos que pertenecen a los residentes de East Hampton.
“LaLota amenazó con cortar los fondos federales que nuestros residentes merecen, incluido el dinero para el mismo equipo policial cuya entrega celebró hace apenas cinco meses, a menos que permitamos que los agentes federales operen en nuestra comunidad como les plazca”, manifestó.
“Quiero ser clara: no seremos intimidados por Nick LaLota, y él no puede decidir lo que representa East Hampton”.
Burke-Gonzalez defendió la Ley de Seguridad Pública y Rendición de Cuentas, argumentando que precisamente fue creada para proteger a la comunidad. Asimismo, acusó al legislador de actuar en favor de las políticas del presidente Donald Trump y criticó su apoyo al proyecto presupuestario que, según afirmó, recortará Medicaid y afectará la cobertura médica de millones de estadounidenses.
“Mientras yo sea supervisora, este pueblo se interpondrá entre ustedes y cualquiera en Washington que trate a sus familias como algo que puede ser negociado. Mantendremos nuestra ley y mantendremos nuestra palabra con nuestros vecinos”, aseguró.
El alcalde de East Hampton, Jerry Larsen, también emitió una enérgica respuesta frente al tema. Dijo que la villa bajo su mando no se dejará intimidar para abandonar una norma que, a juicio de su administración, protege la seguridad pública, respeta los derechos constitucionales y sirve a los mejores intereses de su comunidad.
“Nuestra normatividad no impide que las autoridades federales hagan cumplir las leyes federales de inmigración”, señalo Larsen. “Simplemente establece cómo se utilizan los recursos locales y garantiza que se respeten las protecciones constitucionales. Los fondos federales provenientes de los impuestos pertenecen a los contribuyentes de East Hampton Village tanto como a cualquier otra persona”.
El alcalde fue enfático en afirmar que su administración no sucumbirá a esta presión.
“Defendemos la norma que adoptamos y rechazamos la idea de que la financiación federal deba utilizarse como medida de presión para obligar a los gobiernos locales a abandonar políticas que promulgaron legítimamente” añadió el alcalde.
OLA of Eastern Long Island, es la artífice de la versión original de la ley de seguridad pública adoptada por los gobiernos del municipio y la villa de East Hampton. Durante meses la organización ha liderado una cruzada por las localidades de la región, buscando que otras administraciones aprueban la misma ley. Su directora ejecutiva, Minerva Perez, también reaccionó a las intenciones de LaLota calificando de “profundamente preocupante” la posibilidad de que se condicionen fondos federales a la adopción de determinadas políticas locales.
“La Ley de Seguridad Pública y Rendición de Cuentas de OLA no obstruye, impide ni rechaza la cooperación legal con las autoridades federales”, afirmó Pérez.
La ley, en palabras de la líder comunitaria, ayuda a los gobiernos locales a definir sus responsabilidades mientras construyen la confianza que los residentes necesitan para denunciar delitos, buscar ayuda de emergencia y relacionarse con las instituciones públicas de manera segura.
“Los gobiernos locales no deberían tener que elegir entre ejercer su autoridad legal y recibir apoyo federal para proyectos comunitarios críticos”, afirmó.
La directora ejecutiva de OLA recordó que los fondos federales ayudan a financiar proyectos que benefician a todos los residentes, incluyendo infraestructura de agua potable, protección ambiental, mitigación de inundaciones, carreteras, sistemas de drenaje y preparación para emergencias.
“Estos no son proyectos políticos. Son proyectos comunitarios que fortalecen la calidad de vida y la resiliencia de las comunidades del East End”, señaló.
Pérez también rechazó la idea de que retirar recursos represente una administración responsable del dinero de los contribuyentes.
“La administración responsable significa invertir en las comunidades, no amenazar con quitarles recursos”, dijo.
La líder comunitaria sostuvo además que el principio de autonomía local debe prevalecer y que son los funcionarios elegidos por las propias comunidades quienes están en mejor posición para determinar cómo deben operar las políticas de seguridad pública.
“La seguridad pública es local. La confianza es local. La rendición de cuentas es local. El futuro del East End debe ser determinado por la gente que vive aquí y por los líderes que elige”, afirmó.
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