Operativos de agentes federales de inmigración en múltiples puntos de Riverhead el 29 de diciembre de 2025. Fotos y capturas de pantalla de cortesía
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general Letitia James presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para defender un nuevo paquete de leyes estatales relacionadas con la seguridad pública, la transparencia y el uso de recursos estatales y locales en asuntos migratorios.
Entre las medidas que entrarán en vigor este viernes se encuentra una disposición que prohíbe a agentes del orden locales, estatales y federales cubrir sus rostros mientras interactúan con el público y exige que todos los oficiales exhiban claramente su identificación y afiliación.
La demanda fue presentada después de que el gobierno federal notificara al estado que planea impugnar la legislación y solicitar medidas de emergencia para bloquear su entrada en vigor. Además, el denominado “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Thomas Homan, advirtió sobre un posible aumento de operativos migratorios federales en Nueva York como respuesta a la aprobación de las nuevas leyes.
“Al ocultar sus rostros y negarse a portar identificación, los agentes federales de inmigración ponen en peligro a los neoyorquinos y evaden deliberadamente la rendición de cuentas”, afirmó la fiscal general Letitia James. “Nuestras comunidades no deberían vivir con el temor de ser detenidas por agentes enmascarados y sin identificación”.
Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul aseguró que las nuevas disposiciones reflejan los valores del estado y que Nueva York no permitirá ser intimidado. “Los neoyorquinos merecen saber quién está haciendo cumplir la ley en sus comunidades y tener la certeza de que los recursos locales se utilizan para proteger la seguridad pública y no para promover la agenda de una agencia federal fuera de control”, señaló. “Estas leyes reflejan los valores de Nueva York, y no permitiremos que nadie nos coaccione para que los abandonemos”
Las nuevas disposiciones prohíben que agentes del orden utilicen máscaras u otros elementos que oculten su identidad cuando interactúan con el público, salvo excepciones específicas, y les exigen mostrar claramente su departamento y datos de identificación.
Otra de las medidas, denominada Local Cops, Local Crimes Act, impide que gobiernos locales y agencias policiales firmen acuerdos bajo el programa federal 287(g) o acuerdos similares que permitan utilizar recursos locales para detener personas únicamente por violaciones civiles a las leyes de inmigración. Asimismo, prohíbe el uso de subsidios públicos para centros de detención migratoria.
Según las autoridades estatales, la legislación responde al incremento de operativos realizados por agentes federales enmascarados y sin identificación visible en distintas partes del país, situación que, aseguran, genera temor, dificulta denunciar abusos y facilita que personas malintencionadas puedan hacerse pasar por oficiales.
La demanda sostiene que, bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, Nueva York tiene el derecho soberano de aprobar leyes que regulen el uso de recursos estatales y promuevan la seguridad y la transparencia dentro de sus fronteras.
Hochul y James solicitaron al tribunal que declare legales las nuevas disposiciones y que impida a la administración federal tomar medidas para bloquear su aplicación.
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