OLA responde nuevamente a LaLota y le pide precisar sus objeciones a la propuesta de seguridad pública

La organización OLA of Eastern Long Island respondió nuevamente al congresista Nick LaLota, defendiendo la propuesta de Ley Local de Seguridad Pública y Rendición de Cuentas impulsada por la organización y solicitándole que identifique específicamente qué disposiciones considera incompatibles con la ley federal.

La carta, firmada por la directora ejecutiva de OLA, Minerva Perez, surge como respuesta a la comunicación enviada recientemente por LaLota a los gobiernos locales del East End, en la que el congresista advirtió que no respaldará solicitudes de Community Project Funding provenientes de municipios que adopten políticas, leyes o acciones oficiales que, a su juicio, “deliberadamente obstruyan, impidan o rechacen la cooperación legal con las autoridades federales”.

Según OLA, esas declaraciones parecen estar dirigidas a la propuesta de ordenanza elaborada por la organización, la cual ya fue adoptada, con disposiciones similares, por el municipio de East Hampton y la Villa de East Hampton, mientras otros gobiernos municipales continúan evaluándola.

En su respuesta, la organización sostiene que la carta enviada por el congresista carece de especificidad, ya que no identifica qué disposiciones de la propuesta considera problemáticas.

Por ello, OLA dirige la atención del congresista a varios artículos de la legislación propuesta en los que según la líder comunitaria, queda claro que la intención no es interferir con la autoridad federal.

Entre ellos destaca la Sección 2, que establece expresamente que:

• El municipio reconoce la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de Estados Unidos.
• Nada en la legislación local prohíbe, restringe o interfiere con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
• La ordenanza busca actuar dentro de las facultades legales de los gobiernos locales para proteger la seguridad pública y garantizar la transparencia en las operaciones de las fuerzas del orden.

Asimismo, OLA cita la Sección 7, donde se establece que:

• Los funcionarios municipales podrán cooperar con las autoridades migratorias durante investigaciones o procesos penales cuando así lo exija la ley.
• Ninguna disposición limita el cumplimiento obligatorio de las leyes estatales o federales.

La organización explica además que la propuesta tiene como objetivo aumentar la transparencia en las operaciones de inmigración realizadas dentro de las comunidades locales.

Entre otras medidas, plantea que los departamentos de policía informen a las autoridades municipales y al público cuando se desarrollen operativos migratorios en sus jurisdicciones.

También propone crear un grupo de trabajo local para dar seguimiento a las actividades relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias y reafirma la autoridad de la policía local para investigar delitos como la suplantación de identidad de agentes de la ley.

Para OLA, estas medidas buscan fortalecer la confianza pública sin limitar las funciones del gobierno federal.

OLA pide a LaLota señalar qué artículos considera objetables

En la carta, la organización afirma que “no existe nada en esta propuesta que obstruya, impida o rechace la cooperación legal con las autoridades federales”.

Por el contrario, sostiene que la iniciativa promueve el estado de derecho y la seguridad pública, por lo que solicita al congresista que, si mantiene una opinión distinta, identifique específicamente cuáles disposiciones considera objetables.

Otro de los principales argumentos de OLA es que la carta de LaLota no hace referencia al Capítulo 55 de las leyes del Estado de Nueva York de 2026, legislación que establece nuevas normas para todos los gobiernos locales del estado.

Según la organización, esa ley prohíbe que los municipios celebren acuerdos de colaboración migratoria conocidos como 287(g) con las autoridades federales.

OLA añade que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), ningún gobierno local del condado de Suffolk ha firmado un acuerdo 287(g) desde que ese programa fue creado en 1996.

La organización también señala que la legislación estatal regula otros aspectos, como el uso de cubiertas faciales por parte de agentes del orden, la identificación de los oficiales y la protección de lugares sensibles.

Por ello, sostiene que el cumplimiento de una ley estatal aplicable a todos los municipios no puede utilizarse como argumento para negar fondos federales a un gobierno local en particular.

“Los municipios no deben ser castigados”

OLA concluye que la propuesta de Ley Local de Seguridad Pública y Rendición de Cuentas no impide la aplicación de las leyes federales de inmigración y, por el contrario, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.

La organización sostiene que los gobiernos locales no deberían ser castigados por ejercer las facultades que la Constitución les otorga para proteger la seguridad pública y reitera su petición al congresista para que explique, de manera concreta, cuáles son las disposiciones de la propuesta con las que discrepa.