Residente de Bridgehampton Acusado de Ocultar su Papel en el Genocidio de Ruanda

Autoridades federales han acusado a un residente de Bridgehampton de 65 años de mentir en su solicitud de tarjeta verde al ocultar su presunta participación como líder en el genocidio de Ruanda de 1994, anunció el Departamento de Justicia el jueves.

Faustin Nsabumukunzi, quien ha vivido en los Estados Unidos durante casi dos décadas, fue arrestado el jueves por la mañana en Long Island. Según documentos judiciales, sirvió como líder local con el título de “Consejero de Sector” en Ruanda cuando comenzó el genocidio, durante el cual se estima que 800,000 tutsis étnicos y hutus moderados fueron asesinados durante tres meses.

Un gran jurado federal en Central Islip presentó la acusación el martes, que fue revelada el jueves. Nsabumukunzi fue procesado ante la Jueza del Distrito de Estados Unidos Joanna Seybert para el Distrito Este de Nueva York, donde se declaró no culpable. Fue liberado bajo una fianza de $250,000 con condiciones que incluyen detención domiciliaria y monitoreo de ubicación por GPS.

“Según se alega, el acusado participó en la comisión de actos atroces de violencia en el extranjero y luego mintió para obtener una tarjeta verde e intentó obtener la ciudadanía estadounidense,” dijo Matthew R. Galeotti, el jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia. “No importa cuánto tiempo haya pasado, el Departamento de Justicia encontrará y procesará a las personas que cometieron atrocidades en sus países de origen y las encubrieron para obtener entrada y solicitar la ciudadanía en los Estados Unidos.”

La acusación alega que Nsabumukunzi usó su posición de liderazgo para supervisar la violencia y los asesinatos de tutsis en su área local y dirigió a grupos de hutus armados para matar tutsis. Se le acusa de establecer puestos de control durante el genocidio para detener y matar tutsis y de participar directamente en asesinatos.

Según documentos judiciales, Nsabumukunzi fue posteriormente condenado en ausencia por un tribunal ruandés por genocidio.

El Fiscal de Estados Unidos John J. Durham para el Distrito Este de Nueva York dijo: “Durante más de dos décadas, se salió con la suya con esas mentiras y vivió en los Estados Unidos con una hoja inmaculada inmerecida, un lujo que sus víctimas nunca tendrán, pero gracias a los tenaces esfuerzos de nuestros investigadores y fiscales, el acusado finalmente será responsabilizado por sus acciones brutales.”

Funcionarios federales dijeron en un comunicado que a Nsabumukunzi se le permitirá continuar su empleo como jardinero “para un tipo de capital privado en Long Island que firmó la fianza.”

El Departamento de Justicia dijo que Nsabumukunzi solicitó el reasentamiento como refugiado en los Estados Unidos en 2003, solicitó y recibió una tarjeta verde en 2007, y luego presentó solicitudes de naturalización en 2009 y 2015. Durante este proceso, supuestamente mintió a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos al negar falsamente cualquier participación como perpetrador del genocidio de Ruanda.

Nsabumukunzi ha establecido raíces en el East End de Long Island desde 2005, cuando se mudó de Houston con su familia según se explica en una campaña de GoFundme.  La familia estaba recaudando fondos ya que la casa donde vivían fue destruida en un incendio en 2022. Lograron recaudar $60,000 a través de la campaña. Autoridades dijeron que Nsabumukunzi trabaja como apicultor y es propietario de una empresa de jardinería.

El Agente Especial Interino a Cargo Darren B. McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de Nueva York dijo que Nsabumukunzi ha estado viviendo en los Estados Unidos durante décadas, “ocultando su presunta conducta horrible, violaciones de derechos humanos y su papel en estas atrocidades sin sentido contra tutsis inocentes.”

“La conducta depravada de la que se acusa al acusado representa lo peor de la humanidad,” agregó McCormack.

Nsabumukunzi está acusado de un cargo de fraude de visa y dos cargos de intento de fraude de naturalización. Si es condenado, enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión.

El caso está siendo investigado por HSI Long Island, con asistencia del Centro Interinstitucional de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra. Está siendo procesado por el abogado de juicio Brian Morgan de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia y las Fiscales Adjuntas de Estados Unidos Samantha Alessi y Katherine P. Onyshko para el Distrito Este de Nueva York, con asistencia del analista/historiador de HRSP Dr. Christopher Hayden y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Nota del editor: Un cargo penal es una acusación. Una persona acusada de un delito es presuntamente inocente a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.