Se alienta a la comunidad a hacer presencia masiva esta noche en la reunión de la junta municipal de Riverhead

La organización OLA of Eastern Long Island, en cabeza de su directora ejecutiva, Minerva Pérez, continúa con su correría de pueblo en pueblo, con la misión de presentar ante las administraciones locales una resolución que propone que nuestros gobiernos adopten una ley para reforzar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas sobre las actividades de cumplimiento de la ley, que se realizan dentro de sus jurisdicciones.  El objetivo es proteger la seguridad pública y prevenir la suplantación de agentes durante operativos federales, especialmente en materia migratoria.

Tras una primera presentación ante la junta municipal de Southold hace unos días, el turno esta noche es para la junta de Riverhead.  La comunidad está invitada a participar con su presencia, de la exposición a partir de las 6 de la tarde, en la sede del ayuntamiento. 

El texto reconoce la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración, pero afirma que los gobiernos locales, amparados por la Décima Enmienda y las leyes del Estado de Nueva York, conservan su poder policial para proteger la salud, seguridad y bienestar general de sus residentes. Bajo ese marco, la propuesta sostiene que los municipios tienen la responsabilidad principal de mantener el orden público y salvaguardar los derechos constitucionales de la comunidad.

“Nada en esta ley deberá interpretarse como una prohibición, restricción o interferencia con el ejercicio adecuado de dicha autoridad federal”, dice ma resolución. “Esta ley opera dentro del poder policial legítimo del Pueblo/Villa para proteger la seguridad pública, prevenir fraudes y suplantaciones, y garantizar transparencia.

La iniciativa surge como respuesta a reportes de operativos federales realizados dentro de comunidades locales sin información previa ni claridad pública, una situación que, según el documento, ha generado miedo generalizado, interrupciones de la seguridad pública y ha debilitado la confianza entre residentes y autoridades. La resolución también advierte que este contexto ha facilitado intentos de suplantación de agentes del orden, lo que representa un riesgo directo para las familias.

Entre sus disposiciones centrales, la propuesta exige que los departamentos de policía designen oficiales especializados para investigar denuncias de personas que se hagan pasar por agentes del orden, incluyendo supuestos oficiales federales. También establece la creación de protocolos formales para la recolección y preservación de evidencia, verificación de credenciales, coordinación con agencias federales y entrevistas a víctimas y testigos. Todos los incidentes deberán documentarse detalladamente y, cuando se confirmen, reportarse a autoridades federales y estatales, así como al público, protegiendo la privacidad de las personas afectadas.

La resolución autoriza además a las policías locales a aplicar sanciones penales y civiles contra quienes suplanten a agentes, incluyendo penalidades agravadas. Al mismo tiempo, faculta a alcaldes o supervisores municipales y a abogados del pueblo o villa a solicitar órdenes judiciales, coordinar con agencias federales e implementar medidas administrativas adicionales cuando sea necesario.

“Las personas que suplanten a agentes del orden estarán sujetas a: 1.Procesamiento penal. 2.Penalidades agravadas. 3.Responsabilidad civil. El Supervisor del Pueblo/Alcalde de la Villa y el Abogado del Pueblo/Villa podrán tomar todas las acciones necesarias, incluyendo: •Solicitar órdenes judiciales. •Coordinar con agencias federales. •Implementar medidas administrativas adicionales”, dice el texto de la resolución. 

Otro componente clave es el requisito de reportar cualquier actividad federal de inmigración a la oficina del alcalde o supervisor, compartir esa información con la junta municipal y desarrollar un plan para comunicarla a la comunidad. El texto también contempla la creación de un Grupo Comunitario de Trabajo sobre Control Migratorio, con representación amplia de residentes, para dar seguimiento continuo a estos temas.

La propuesta incluye reglas específicas sobre el uso de tecnología de reconocimiento de placas vehiculares, permitiéndola únicamente para fines legítimos de seguridad pública y prohibiendo su uso basado exclusivamente en raza, religión o el ejercicio de derechos constitucionales. Los datos deberán almacenarse de forma segura y los departamentos policiales tendrán que mantener registros detallados de todas las detenciones de vehículos.

Finalmente, la resolución establece que, si alguna parte de la ley es declarada inválida o inconstitucional, el resto permanecerá vigente, y que la normativa entrará en vigor inmediatamente tras su presentación ante el Secretario de Estado del Estado de Nueva York.

La propuesta ha sido redactada por el ex asambleísta Fred Thiele, quien ahora hace parte de la junta directiva de OLA y ha empezado a ser expuesta por la directora ejecutiva de la organización Minerva Pérez, en las juntas de gobierno locales.   Además busca el respaldo de la comunidad por lo que se alienta a nuestra gente a entrar a este enlace , donde podrá no solo leer la resolución completa en español, sino también darle su apoyo.