Foto: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
La fiscal general del estado, Letitia James, advirtió a los neoyorquinos sobre negocios que estarían negándose de forma ilegal a aceptar los beneficios del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), a pesar de estar inscritos para recibirlos. La funcionaria recordó que todos los comercios aprobados por el programa deben permitir a los consumidores usar los fondos disponibles en sus tarjetas EBT para comprar alimentos.
La advertencia surge en medio de la incertidumbre generada por las amenazas de suspensión de los beneficios federales de SNAP para noviembre, como consecuencia del cierre parcial del gobierno federal. Según la fiscalía, algunas tiendas de comestibles y otros negocios en Nueva York han impedido de manera indebida que los beneficiarios utilicen sus saldos existentes.
“Los neoyorquinos deben poder usar sus beneficios de SNAP, o cupones de alimentos, en cualquier negocio participante del programa”, declaró la fiscal general James. “Negarse a aceptar los beneficios restantes pone en riesgo a familias vulnerables que podrían quedarse sin comida. Mientras la administración federal juega con la política, mi oficina actúa para garantizar que nadie pase hambre”.
La oficina de la fiscal general envió cartas de cese y desistimiento a las cadenas ShopRite y Hannaford, tras recibir reportes de consumidores a quienes se les negó pagar con sus tarjetas EBT. Ambas cadenas están registradas como comercios autorizados del programa SNAP.
El comunicado recuerda que los participantes del programa reciben sus beneficios mensualmente mediante una tarjeta EBT que puede usarse en cualquier tienda autorizada. Si un consumidor tiene saldo y se le impide pagar con la tarjeta, se recomienda seguir estos pasos:
1.Informar al personal del negocio: “Tengo saldo en mi tarjeta EBT y puedo usarlo.”
2.Presentar una denuncia ante la Oficina de la Fiscal General, indicando el nombre del establecimiento.
En Nueva York, el programa SNAP beneficia a cerca de tres millones de personas, entre ellas casi un millón de niños, más de 600,000 adultos mayores y aproximadamente un 7% de personas con discapacidad. A nivel estatal, los beneficiarios reciben unos 650 millones de dólares mensuales en asistencia alimentaria.
La fiscal James recordó además que su oficina, junto con una coalición de fiscales generales y gobernadores de otros estados, demandó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) el 28 de septiembre, después de que la agencia anunciara la suspensión de los beneficios de noviembre por el cierre federal. El 31 de octubre, la coalición obtuvo una orden judicial que obligó al gobierno a usar fondos de contingencia para mantener parcialmente el programa, y el 6 de noviembre un juez federal ordenó su financiación completa en todo el país.
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