En una decisión considerada un triunfo histórico para los derechos de los inmigrantes, un jurado federal determinó que el Condado de Suffolk y la Oficina del Sheriff del condado son responsables de violar los derechos constitucionales de cientos de inmigrantes que fueron detenidos ilegalmente en las cárceles de la región, para ser entregados a las autoridades federales de inmigración.
El veredicto, emitido de manera unánime, otorga 112 millones de dólares en compensación, a un grupo de 674 personas incluidas en una demanda conjunta presentada en 2017 contra el condado y su oficina del sheriff. Los demandantes fueron retenidos en las cárceles locales incluso después de haber pagado su fianza o resuelto sus casos judiciales, únicamente para facilitar su transferencia a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés.
El caso, Orellana Castañeda et al. v. County of Suffolk and Suffolk County Sheriff’s Office et al., no aborda las políticas actuales del condado, pero revive las preocupaciones comunitarias sobre la cooperación entre las agencias locales y las autoridades federales de inmigración, dijo en un comunicado Latino Justice, una de las organizaciones que lideró la demanda junto al bufete Winston & Strawn LLP.
“Esta decisión trae consigo una rendición de cuentas largamente esperada”, declaró José Pérez, abogado general adjunto de LatinoJustice PRLDEF. “El jurado confirmó lo que siempre hemos sostenido: que las acciones del Condado de Suffolk vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso garantizados por la 14ª Enmienda. Este veredicto representa justicia y la valentía de nuestros clientes nos asegura que, con suerte, este tipo de abusos no se repetirán”.
Durante el juicio, que se llevó a cabo en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, el jurado abordó dos puntos principales: si el condado violó los derechos procesales al no informar a los detenidos la razón por la que permanecían bajo custodia después de su fecha de liberación, y el monto de los daños que correspondía otorgar a las víctimas por la privación ilegal de su libertad.
El juez federal William F. Kuntz II, quien presidió el caso, ya había fallado en enero que la cooperación del condado de Suffolk con ICE —específicamente su práctica de mantener personas detenidas basándose únicamente en órdenes civiles de retención del gobierno federal— violaba tanto la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos como la Constitución del Estado de Nueva York.
Los demandantes fueron detenidos por diversas infracciones o violaciones a ley, pero permanecieron recluidos incluso después de que sus casos judiciales fueran resueltos. Por ejemplo, el demandante principal, Joaquín Orellana Castañeda, un inmigrante de origen guatemalteco, fue detenido en el condado de Suffolk el 23 de abril de 2017 por una infracción de tránsito (violaciones a la Ley de Vehículos y Tráfico de Nueva York), en Central Islip. Después de que su familiar pagara la fianza de mil dólares, el 24 de abril de 2017, Orellana no fue liberad, permaneció detenido hasta el 26 de abril, para luego ser transferido a custodia de ICE.
Con este veredicto, la corte ordena al Condado de Suffolk compensar económicamente a los 674 inmigrantes afectados, miembros de la demanda colectiva.
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