La Corte Suprema le abre la puerta a agentes de inmigración para detener a residentes permanentes en el aeropuerto

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el martes que los agentes de inmigración en los puertos de entrada no necesitan tener pruebas sólidas de que un residente permanente cometió un delito antes de tratarlo como si nunca hubiera puesto un pie en el país. Basta con que exista una acusación pendiente.

La decisión, de seis votos contra tres, abre la puerta a que millones de titulares de “green card” enfrenten más obstáculos al regresar de un viaje al extranjero, incluso si nunca han sido condenados de nada.

El caso, conocido como Blanche contra Lau, le da la razón al gobierno y revierte un fallo anterior que protegía a los residentes permanentes en esta situación. Para las comunidades de inmigrantes, el mensaje es directo: viajar al extranjero, aunque sea por un fin de semana, ya no es el trámite sencillo que solía ser para quien alguna vez haya tenido un problema con la ley, esté pendiente su caso o no.

El caso se remonta a 2012, cuando Muk Choi Lau, un ciudadano chino y residente permanente legal, intentó reingresar a Estados Unidos tras un viaje a China mientras enfrentaba, en Nueva Jersey, una acusación por vender mercancía falsificada. Cuando llegó al aeropuerto JFK en junio de 2012, los agentes revisaron su historial, vieron la acusación —no una condena, solo una acusación— y decidieron no dejarlo entrar como residente. Le confiscaron la green card y lo dejaron pasar bajo una figura legal conocida como “parole”, un permiso temporal que no equivale a estar admitido al país. Más de un año después, ese cargo terminó en una condena, y el Gobierno usó esa retención en el aeropuerto como punto de partida para tratar de deportarlo.

Lau peleó el caso durante más de una década con un argumento sencillo: si no lo habían condenado de nada cuando llegó al aeropuerto, debieron tratarlo como lo que era, un residente que regresaba a casa, no como alguien que pedía entrar al país por primera vez. Un juez de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración le dijeron que no. Pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, le dio la razón y sostuvo que los agentes necesitaban pruebas claras y convincentes del delito antes de quitarle su estatus de residente ya admitido. Esa victoria duró hasta el martes.

El juez conservador de la Corte Suprema Clarence Thomas, autor de la opinión mayoritaria, fue tajante: la ley de inmigración nunca exigió ese nivel de prueba en la frontera. Según su razonamiento, el gobierno puede tratar a alguien como “solicitante de admisión” desde el momento en que existe una acusación de un delito que afecte su estatus, aunque la condena llegue después, como ocurrió con Lau. Exigirle a un agente fronterizo que reúna pruebas sólidas en el momento, escribió Thomas, sería pedirle que haga un juicio completo en medio de una fila de aeropuerto, algo para lo que esos agentes no están preparados ni autorizados.

La jueza Ketanji Brown Jackson advirtió, en un voto disidente de 17 páginas, respaldado por Sonia Sotomayor y Elena Kagan,  que la decisión de sus colegas le entrega al gobierno, en sus palabras, “un cheque en blanco” para dejar a residentes permanentes atrapados en lo que ella llamó un “limbo migratorio”. Recordó que en el sistema legal de este país una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y argumentó que ese principio debería pesar también en la frontera, no solo en una sala de tribunal. Perder la green card, así sea temporalmente, puede significar quedarse sin trabajo, sin poder abrir una cuenta bancaria, sin poder rentar un apartamento, e incluso terminar detenido por inmigración, escribió la magistrada.

El fallo no convierte cualquier multa de tránsito o denuncia menor en una amenaza para la residencia permanente. Pero para quien alguna vez ha tenido un arresto, un cargo pendiente, un caso que se desestimó, una declaración de culpabilidad reducida o incluso una condena antigua que ya creía superada, es importante consultar a un abogado antes de viajar, porque la ley migratoria no funciona igual que la ley penal, y lo que en una corte criminal quedó cerrado, en la frontera puede volver a abrirse, según recomendaciones del bufete de abogados de inmigración Ellis Porter.

El sitio especializado VisaVerge añade otra advertencia: quien sea detenido en el aeropuerto y enfrente este tipo de clasificación no debe firmar nada ni aceptar una salida voluntaria sin que un abogado lo revise primero, porque esa firma puede significar la pérdida de derechos que después son muy difíciles de recuperar.

Nancy Morawetz, profesora de Derecho en la Universidad de Nueva York, calculó en un análisis publicado en la revista Just Security que la decisión “proyecta una sombra sobre las vidas de 12.8 millones de residentes permanentes legales” en todo el país.