Foto: Miguel Flores
La Corte Suprema falló el jueves a favor de la administración Trump y levantó las órdenes judiciales que mantenían en pausa la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y sirios. El fallo no resuelve el fondo de las demandas ni declara que Haití o Siria sean seguros para el retorno. Solo establece que los demandantes no tienen derecho a que sus protecciones sigan congeladas mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.
La votación fue 6-3, dividida según líneas ideológicas. El juez Samuel Alito escribió la opinión mayoritaria revocando los fallos de cortes en Washington D.C. y Nueva York que habían frenado la terminación del programa. El argumento central dice que la ley del TPS prohíbe, en términos generales, que los tribunales revisen las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre cuándo terminar una designación.
Sobre el reclamo de que la cancelación del TPS haitiano estuvo motivada por racismo, la Corte dijo que “probablemente no prosperará,” pero lo devolvió a tribunales inferiores en vez de cerrarlo. El litigio en ese punto sigue abierto.
Sotomayor, Kagan y Jackson votaron en contra. Kagan, en su disidencia, dijo que las pruebas presentadas por los demandantes incluyen declaraciones presidenciales “tan repugnantes y con connotaciones raciales que la mayoría se niega a imprimirlas”. La decisión, escribió, significa que cientos de miles de vidas “serán desarraigadas, la mayoría de forma permanente”. Quedan, según el fallo, unos 350,000 haitianos y 6,000 sirios sin la protección que tenían hasta el jueves.
Aunque el fallo del jueves se refiere directamente a los beneficiarios haitianos y sirios, su efecto se siente con fuerza entre otras comunidades de tepesianos que ven en la decisión una señal de lo que podría llegar para sus propios países. Entre ellos está la comunidad salvadoreña de Long Island, cuyo TPS —a diferencia del de Haití y Siria— sigue vigente, pero con una fecha de vencimiento marcada en el calendario: el 9 de septiembre de 2026.
Miguel Flores, residente de Riverhead y beneficiario del TPS desde hace más de dos décadas, recibió la noticia del fallo con resignación.
“Ya esperábamos esta decisión, es muy complicado para mí”, dijo Flores en una entrevista con Tu Prensa Local. “Yo ya no confío en el sistema migratorio de este país. Siempre me han visto como una mercancía, no como una persona. Después de contribuir durante tantos años, me dejan sin opciones”.
Flores, originario de El Salvador y residente en Estados Unidos desde 1999, describió el estado de ánimo de muchos en su comunidad. “Tengo los ánimos muy bajos. Los tepesianos tenemos mucho estrés, muchos tenemos familia, casa, negocios, sueños en este país, se cierran puertas a la tranquilidad”, explicó. “Ya no podemos optar a vivir una vida normal y tener un trabajo bajo la ley, poder viajar, andar sin miedo”.
Insistió en que su historial en el país ha sido intachable. “Yo no tengo ningún tipo de récord, nunca he tenido problemas, me he dedicado a trabajar y pagar taxes”, dijo. “Hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. El 9 de septiembre se espera que se acabe el TPS [para El Salvador], ¿qué pasará entonces?”
Flores se mostró escéptico ante quienes confían en que la cercanía entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la administración Trump pueda traducirse en una extensión del programa para los salvadoreños.
“Algunos están confiados en que la relación entre Bukele y Trump nos salvará, pero yo no creo. Ya se lo han cancelado a comunidades más grandes, no vamos a ser la excepción”, afirmó. “Estamos muy afectados, ya no tendremos libertad”.
No es la primera vez que lo dice públicamente. En 2018, cuando la primera administración Trump intentó terminar el programa, Flores coordinaba el comité de Riverhead de la National TPS Alliance y se subió al autobús de la gira “TPS Journey for Justice”, que recorrió el país mostrando a beneficiarios reales del TPS. En ese momento llevaba casi dos décadas renovando su estatus, y advertía que perdería su empleo, su seguro médico, su licencia — que terminaría, en sus palabras, siendo “uno más de los millones de personas viviendo de forma indocumentada”.
La designación de El Salvador data de 2001, tras los terremotos de ese año, y vence el 9 de septiembre de 2026. Por ley, el DHS tiene que anunciar, al menos 60 días antes, si la extiende, la rediseña o la termina. Eso pone la decisión alrededor de principios de julio. Hoy hay unos 232,000 salvadoreños con TPS, según USCIS.
El gobierno de Donald Trump ha cancelado o intentado cancelar el TPS de al menos otros doce países desde enero de 2025: Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Siria, entre otros. Después del fallo del jueves, quedan solo cuatro designaciones activas con vencimiento más adelante este año: El Salvador, Líbano, Sudán y Ucrania.
“Esta es una traición a nuestros valores y a la promesa que hizo nuestro país de proteger a las personas del desplazamiento, la represión y el daño”, dijo la fiscal general de Nueva York, Laetitia James en un comunicado.
Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, fue más allá, acusando, a a las ramas ejecutiva y judicial de optar por “la crueldad”.
“La animosidad racial fue clara, y claramente documentada por las juezas disidentes de la corte”, dijo en una declaración. “Por décadas, el TPS ha brindado seguridad a personas que no pueden regresar a sus países de origen debido a guerras, inestabilidad política, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias. Esta decisión es una tragedia para cientos de miles de familias”.
José Palma, de la National TPS Alliance, insistió en un comunicado en que esto “no es el final”. Y Jessica Bansal, abogada del National Day Laborer Organizing Network, lo resumió con una pregunta que ahora le toca responder al Congreso: “¿van a permitir que medio millón de personas sean arrancadas de sus comunidades, o van a hacer algo para detenerlo?.”
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