Lo primeros indicios del drama que se avecinaba para Lina Loaiza y su familia, comenzaron en abril, cuando Frank Dalene, el dueño de la casa de Wainscott, que ella alquila desde hace 5 años, le anunció que planeaba vender la propiedad, para beneficiarse de la bonanza de precios que reina en los Hamptons debido a la creciente demanda de propiedad raíz. Lina dice que el arrendador le ofreció la primera opción de compra, pero para ella y su familia, el valor de un millón doscientos mil dólares estaba por fuera de su presupuesto. Por lo que propietario e inquilinos estuvieron de acuerdo en que entregarían la casa luego de un tiempo prudencial, en que la familia debía encontrar un nuevo espacio donde vivir.
“El dueño me dijo usted no tiene que irse como tan deprisa. Yo le acepté la oferta a unos inversionistas, estamos muy contentos porque ellos la van a dejar unos mecesitos”, dice la señora Loaiza.
Sin embargo una semana después el panorama empezó a cambiar. Lina asegura que el dueño de casa le dijo que el negocio con los inversionistas se había dañado porque los posibles compradores querían que la inquilina saliera de la propiedad antes de que el contrato de arrendamiento se venciera. La señora Loaiza dice que él le manifestó no estar de acuerdo con esa solicitud y le anunció que había roto el trato con los inversionistas.
“El me dijo el trato que yo hice con el brocker es que la dejen quedar ahí hasta Labor Day. Entonces yo le di las gracias”, relata la señora Loaiza.
Hasta ahí todo parecía estar en orden y la familia siguió en la búsqueda de un nuevo hogar a donde pudiera mudarse Lina y todos los que comparten la vivienda con ella: su madre, una mujer de 81 años de edad con presión arterial alta, su hermana, una paciente cardíaca, que usa marcapasos y que estuvo en coma el año pasado, su hija de 12 años, su cuñado y su sobrino. Como era de esperarse encontrar una casa se convirtió en una misión imposible en plena pandemia, a punto de comenzar el verano, y en un lugar como los Hamptons, donde la población ha aumentado considerablemente debido a que muchos residentes de otras partes llegaron a instalarse en la zona. Aún así continuaron con la tarea, conscientes de que el 6 de septiembre debían salir de la propiedad.
El dueño de la casa le dijo a Lina que como su contrato de arrendamiento estaba por vencerse, ella debía firmarle uno nuevo hasta el 6 de septiembre. Lina estuvo de acuerdo, recibió el contrato y le dijo a su arrendador que lo revisaría para firmarlo. Fue entonces cuando pidió asesoría de la Organización de apoyo a los latinos, Ola of Eastern Long Island, para que le dieran una revisada a los puntos del nuevo acuerdo. En Ola el abogado pro bono, Jack Lester, revisó el caso y le recomendó a la señora Loaiza no firmarlo, porque de hacerlo estaría renunciado a todos sus derechos, en caso de no encontrar una vivienda antes de la fecha pactada.
“El quería que yo le firmara un agreement comprometiéndome a salir de la casa en septiembre 6 sin derecho a nada, tuviera yo un lugar para vivir o no lo tuviera”, dice Loaiza.
El nuevo contrato también obligaba a Lina a correr con los gastos que el arrendador tuviera que pagar en caso de que su negocio con los compradores de la casa se dañara, si ella no encontraba otra vivienda a donde moverse. La suma de la sanción ascendía a un millón de dólares.
La señora Loaiza dice que cuando le comunicó al dueño de la casa que no firmaría el nuevo contrato, el hombre entró en cólera y la relación que habían sostenido, sin queja alguna durante 5 años, se resquebrajó de inmediato.
“El señor cambió en un segundo. Empezó a alzar la voz me dijo: si usted no firmó este agreement es porque usted pensó en quedarse en la casa”, relata Lina. “Me dijo salga de mi casa! Yo me sentí demasiado humillada porque yo no fui allá a pelear sino a hacer un acuerdo, no estoy haciendo nada malo y él me hizo sentir como si yo fuera una criminal. Entonces yo me puse a llorar y el me dijo: Usted vino a traerme sus lagrimas aquí? entonces yo me voy a ir más duro contra usted”.
El casero cumplió su promesa. A los tres días de este incidente, pegó en la puerta de la casa, una carta en términos amenazantes, que demandaba la salida inmediata de los inquilinos.
“En esa carta el me acusa de traspasar la propiedad y dice que me debo ir inmediatamente. También me regresó el cheque de la renta del mes de julio que le había pagado y dijo que la renta no sería aceptada porque yo estaba violando la ley”, dice Lina.
En el estado de Nueva York está vigente hasta el 31 de agosto, una moratoria sobre los desalojos, como una medida de alivio para quienes han sorteado momentos difíciles a causa de la pandemia. Es decir que hasta esa fecha, nadie puede ser desalojado de una vivienda bajo ninguna circunstancia. Por eso, ante las amenazas del dueño de la casa, el abogado de Ola le recomendó a Lina llenar una declaración de dificultad ante el estado, en la que expone los quebrantos de salud de sus familiares. Esta declaración le pone freno inmediato a cualquier intención de sacarlos de la casa.
“El señor al recibir eso se enojó demasiado. Me mandó un mensaje muy intimidante”.
En el mensaje de texto el señor Delane le dice a Lina que está recibiendo muy malos consejos de su abogado, que está poniendo en riesgo su reputación en la comunidad y que está incurriendo en acciones criminales al quedarse en la propiedad. Delane le dice en el mensaje que ella y su familia podrían ser encontrados culpables por un juez.
El siguiente paso por parte del dueño de la casa fue llevar el caso a la corte, pero no a la de East Hampton, sino a la Corte Suprema de Justicia, lo que ha despertado suspicacias entre los asesores legales de Lina.
“Nosotros estamos especulando, por qué el propietario tiene que ir a la corte suprema y no a la corte de justicia de East Hampton. La corte de East Hampton no está aceptando ningún caso hasta que termine la moratoria en agosto 31”, dice Jack Lester, abogado de la señora Loaiza. “El propietario lo sometió a la corte suprema y estamos especulando que lo hizo para evitar la moratoria que está siendo respetada en la corte de East Hampton”.
El abogado dice que la defensa del señor Dalene está valiéndose además de un juego de palabras para intentar ganar el caso. El representante del demandante cree que la ley protege a los ciudadanos contra la “expulsión”, pero que acepta de los “desalojos”.
“No hay diferencia más que el uso de una palabra, pero él cree que el uso de esa palabra le abre una puerta”, dice el abogado de la señora Loaiza. “Pero déjame decirte por que no importa: porque el proceso de la corte suprema toma muchos meses. No hay ninguna manera, si el proceso va como debe ser, de que Lina sea desalojada antes de que finalice la moratoria”.
Tu Prensa Local trató en repetidas ocasiones de obtener una declaración de Lee Mendelson, abogado del señor Delane, quien ha dicho que su cliente no se ha comunicado con él para autorizar una respuesta para este diario. El abogado sí accedió a hablar con el periódico 27 East diciendo que su cliente está demandando porque tiene un contrato para la venta de la casa que depende de que la inquilina deje la propiedad, y que el hecho de que ella no se vaya pone en peligro la venta.
“Mi cliente lleva 35 años viviendo aquí. No es un gran inversor ni nada de eso ”, le dijo Mendelson a 27 East. “Él tiene un negocio aquí y, como parte de su planificación de jubilación, necesita vender la casa. Y el inquilino cuyo contrato de arrendamiento ha expirado se niega a irse. Él es el que está sufriendo aquí y es el que corre el riesgo de perder la venta de la casa “.
El abogado de la señora Loaiza por su parte considera que ella no está obligada a dejar la propiedad en este momento, porque la notificación de finalización del contrato de arrendamiento fue entregada por el dueño de casa con 60 días de antelación, cuando la ley dice que debe notificarse 90 días antes de que se venzan los términos.
Lina, una conductora de bus de la escuela de Springs, ha sido enfática en que no quiere ningún conflicto con el dueño de la casa con quien jamás tuvo un solo inconveniente y a quien le pagó de forma cumplida todos los meses.
“El señor no puede decir que yo no le pagué el primero de cada mes o antes. Durante la pandemia mi cuñado y mi sobrino estuvieron parados y nunca se le dejó de pagar la renta el primero de cada mes”.
Mientras la polémica se resuelve en los estrados legales, el caso de Lina ha venido a darle realce a una situación que se ha presentado en repetidas ocasiones en nuestra área. Antes de la pandemia muchos inquilinos dejaban las viviendas ante amenazas de sus caseros, pero ahora, literalmente aunque quisieran, la gente no tiene a dónde ir. Por eso la organización Ola hizo un llamado a la comunidad para que esté atenta a este tipo de arbitrariedades, denuncie y busque ayuda, en caso de ser necesario.
“Nadie puede quitarle la electricidad, nadie puede amenazarlo y si hacen este tipo de cosas eso es criminal”, dijo Minerva Pérez, directora ejecutiva de Ola. “Si un arrendatario corta la electricidad o el agua, para presionar su salida de la casa, el inquilino tiene el derecho de llevar a la policía y hacer un reporte. Y eso es un acto criminal, especialmente cuando hay una persona que está experimentando alguna dificultad”.
La señora Loaiza espera que el caso se resuelva a su favor y sobre todo que pueda encontrar, lo más pronto posible, una nueva casa a donde pueda trasladarse, para poder ponerle punto final este capítulo que se ha tornado angustiante para ella y toda su familia.
