La supervisora de Riverhead, Yvette Aguiar, extendió y amplió esta semana el estado de emergencia de la ciudad que prohíbe que los hoteles y moteles del área de Riverhead alojen a solicitantes de asilo, continuando con una medida controvertida que los defensores de inmigración califican como un abuso de poder.
La orden que extiende el estado de emergencia, presentada el lunes, prohíbe que las instalaciones que albergan a personas sin hogar las desplacen para brindar refugio a otras personas. También renueva los requisitos de la orden emitida el 16 de mayo.
“Esencialmente, lo que buscamos hacer es asegurarnos de que no vayan a desplazar a las personas que no tienen una vivienda permanente arreglada y simplemente crear un problema en el que tenemos personas que tenían refugio dentro de la ciudad y ahora desplazados y buscando refugio, o no tener refugio, o tal vez yendo a uno de los otros campamentos al aire libre que tenemos en la ciudad”, dijo el abogado del pueblo, Erik Howard, en una entrevista el martes.
“No queríamos que las personas que ya están aquí, que no tienen soluciones de vivienda permanentes, sean desplazadas porque una de las instalaciones quiere obtener una buena oferta de contrato de la ciudad”, dijo Howard.
Howard dijo que la orden de emergencia debe renovarse cada cinco días, de conformidad con la Sección 24 de la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que rige las órdenes de emergencia locales.
La orden se extendió porque la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York aún continúa y los funcionarios de Riverhead creen que todavía existe la intención de que esta ciudad envíe a los solicitantes de asilo a los municipios circundantes sin consultar con sus líderes, dijo Howard. Señaló incidentes en los condados de Rockland y Orange, donde se declararon estados de emergencia después de que los funcionarios se enteraran de que la ciudad de Nueva York planeaba transportar en autobús a los inmigrantes hacia hoteles en ambos condados. Las demandas contra la ciudad por parte de ambos condados dieron como resultado órdenes de restricción temporales que prohibían a la ciudad de Nueva York enviar más inmigrantes.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo en un comunicado el martes que 70.000 inmigrantes han llegado a la ciudad durante el último año desde otros estados. Instó a otros gobiernos a hacer “su parte” y acoger a los solicitantes de asilo.
“Dado que no podemos brindar atención a un número ilimitado de personas y ya estamos sobrecargados, lo mejor para todos, incluidos aquellos que buscan venir a los Estados Unidos, es ser sinceros en cuanto a que la ciudad de Nueva York no puede brindar atención a todos los que cruzan nuestra frontera”, dijo.
Además de los inmigrantes a quienes se les permitió quedarse en los condados de Rockland y Orange, los hoteles en otros municipios del estado, incluido Yonkers, han recibido inmigrantes de la ciudad.
Aguiar emitió el estado de emergencia debido al “peligro inmediato de emergencia pública de cientos, o potencialmente, miles de personas que están siendo transportadas a la ciudad de Riverhead”. Ella dijo durante una entrevista inmediatamente después de emitir la orden ejecutiva que escuchó que había tres lugares en Riverhead que aceptaron albergar a los migrantes y que serían transportados en autobús a Riverhead de inmediato.
La supervisora dijo que esa noche no sabía dónde estaban los lugares y no identificó la fuente de su información. Ella reconoció haber hablado con el locutor de radio Curtis Sliwa, quien dijo más temprano ese día durante su programa de radio que los inmigrantes estaban siendo transportados en autobús a Riverhead. Aguiar dijo que las afirmaciones de Sliwa fueron verificadas. El concejal Tim Hubbard dijo en una entrevista separada que la orden se basó en los comentarios de Sliwa.
Los inmigrantes nunca llegaron. Los operadores de hoteles y moteles en Riverhead negaron el contacto con la ciudad de Nueva York para albergar a los inmigrantes. Aguiar y los miembros de la Junta Municipal dijeron después del martes que la orden era un movimiento “proactivo”.
“Queríamos ser proactivos, en lugar de reactivos en caso de que llegara a ese punto”, dijo Howard. “Al hacer esa declaración, emitir esa orden, finalmente notifica al mundo que somos conscientes de este problema, somos conscientes de lo que la ciudad de Nueva York está tratando de hacer para resolverlo. Y estamos diciendo que no podemos sostener ese tipo de importación de personas en ese tipo de números de manera inmediata como esa”.
El secretario de prensa del alcalde, Fabien Levy, dijo hoy en un comunicado a RiverheadLOCAL que “la ciudad de Nueva York ha hecho y seguirá haciendo su parte, pero necesitamos que los condados, ciudades y pueblos de todo el estado también hagan su parte, especialmente cuando la ciudad de Nueva York esté dispuesta a pagar por alojamiento, comida y más”.
Levy no dijo directamente si la ciudad estaba considerando algún lugar en Riverhead para albergar a los inmigrantes, o si ahora se están considerando ubicaciones en la ciudad. “Como siempre decimos, no discutimos conversaciones privadas”, dijo.
Quedan dudas sobre la legalidad de la orden ejecutiva de Riverhead y si podría sobrevivir a un desafío en la corte.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York, que la semana pasada demandó a los condados de Rockland y Orange por sus declaraciones de emergencia, está analizando detenidamente la orden de emergencia de Riverhead, según Amy Belsher, directora de litigios por los derechos de los inmigrantes del grupo.
La NYCLU presentó una demanda colectiva en un tribunal de distrito federal, alegando violaciones del debido proceso y las garantías de igualdad de protección de la Constitución de los Estados Unidos., así como varias leyes federales y estatales. La demanda busca una orden judicial para evitar que los gobiernos de los condados de Rockland y Orange interfieran con las viviendas para inmigrantes y solicitantes de asilo dentro de los condados.
Los condados de Orange y Rockland niegan haber violado los derechos constitucionales y legales de los demandantes, argumentando en documentos judiciales que las órdenes de emergencia impiden que los hoteles acepten nuevas personas del programa de reubicación de la ciudad, no inmigrantes y/o solicitantes de asilo en general.
Las órdenes de emergencia de los condados de Orange y Rockland difieren ligeramente de la orden de Riverhead, que simplemente ordena a los hoteles, moteles y otras instalaciones que “no acepten a dichos migrantes y/o solicitantes de asilo para viviendas dentro de la ciudad de Riverhead”.
“Los inmigrantes tienen el derecho constitucionalmente protegido de viajar y residir en cualquier lugar de Nueva York, libres de acoso y discriminación”, dijo Belsher. “Estamos analizando detenidamente las órdenes ejecutivas que surgen en todo el estado, incluso en Riverhead, pero cualquier orden que siga los pasos de Rockland y el condado de Orange corre el riesgo de ser igualmente ilegal”.
Howard dijo que la ciudad se siente cómoda defendiendo la legalidad de su orden de emergencia en la corte, en caso de que llegue a eso.
La orden de la ciudad tiene un “alcance limitado y estrictamente diseñado”, dijo Howard que cree que resistirá el escrutinio judicial. “Porque, quiero decir, al final del día, solo estamos haciendo cumplir nuestros códigos de construcción, estamos haciendo cumplir el código de nuestra ciudad”, dijo Howard.
Cualquier persona que a sabiendas viole una orden de emergencia local puede ser acusada de un delito menor de clase B, que se castiga con 90 días de cárcel, según la ley estatal.
Howard dijo que los rumores de que los inmigrantes eran transportados en autobús a Riverhead, junto con lo que sucedió en los condados de Rockland y Orange, cumplieron con el estándar de “temor razonable de peligro inmediato” establecido por la ley que rige las órdenes de emergencia.
“Ya sea que sea un rumor o no, es decir, para mí, eso es solo una parte”, dijo Howard, refiriéndose al informe de Sliwa. “Creo que el rumor en sí mismo no es necesariamente lo suficientemente persuasivo. Pero cuando tienes la intención demostrada de enviar [migrantes sin hogar] a otros condados, sin que estos condados se den cuenta”, obligando a los condados a acudir a los tribunales para detenerlo, “creo que eso nos pone en una posición en la que tenemos que reaccionar… nos pone en una mala posición”, dijo Howard.
“Y cuando hablas de hoteles y moteles, sabes, tenemos muchos: [la] industria hotelera es importante para nuestra economía de verano aquí”, agregó Howard. “Entonces, ya sabes, eso es solo otra cosa que entra en consideración”.
OLA of Eastern Long Island, el grupo de defensa latino, ha instado al municipio de Riverhead a rescindir su orden de emergencia. En un documento redactado por la asesora principal de políticas, Wanda Sanchez Day, el grupo argumenta que la orden provocará “un aumento en los crímenes de odio y la violencia contra la comunidad latina y las comunidades de color en Riverhead e incluso en todo el East End”.
“Hace mal uso de la ley y discrimina a las personas, muchas de ellas legalmente en el país, en función de su origen nacional o raza”, dice el memorando de Sánchez Day.
La organización recomienda que “los gobiernos federales, estatales y locales actúen para disminuir los efectos del uso ilegal del poder por parte del pueblo de Riverhead”.
El fiscal general del estado debe entablar acciones penales y civiles contra el pueblo por “mala conducta contra el abuso de poder de los funcionarios de Riverhead que niegan o impiden intencionalmente a otro en el ejercicio o disfrute de cualquier derecho, privilegio, poder o inmunidad, a sabiendas de su conducta es ilegal.”
Las empresas de Riverhead deberían presentar una demanda federal contra la ciudad por su acción ilegal, dice el grupo.
La legislatura estatal debe legislar “contra la inmunidad de los funcionarios que incurran en conductas manifiestamente incorrectas, de mala fe o abuso de poder con fines económicos o políticos, para sí o para terceros, o que priven a las personas de derechos constitucionalmente protegidos”.
Los representantes de OLA, junto con los de organizaciones progresistas y defensores de la inmigración, hablaron en la reunión de la Legislatura del condado de Suffolk el martes. Expusieron a los legisladores que buscar asilo en los Estados Unidos es un proceso legal y no debe ser obstruido por la acción del condado.
Muchos otros oradores en la reunión del martes expresaron su apoyo a evitar que los solicitantes de asilo vengan al condado de Suffolk, citando una serie de razones, desde escuelas superpobladas hasta la falta de viviendas asequibles, además de dar voz a los temores sobre el crimen, las pandillas y las enfermedades transmisibles.
La reunión legislativa se produjo después de que el presidente Kevin McCaffrey anunciara en una conferencia de prensa el domingo que la legislatura buscaría contratar un abogado especial para investigar cómo el gobierno del condado podría impedir legalmente que la ciudad de Nueva York albergue a los solicitantes de asilo en Suffolk. El representante estadounidense Nick LaLota, el concejal de Riverhead Tim Hubbard, el concejal Bob Kern y el supervisor adjunto Devon Higgins asistieron a la conferencia de prensa de McCaffrey, junto con varios miembros de la legislatura. La conferencia de prensa también atrajo a manifestantes, quienes interrumpieron a los oradores con preguntas y comentarios a gritos.
Una resolución para contratar a un abogado especial no estaba en la agenda de la reunión general de la legislatura el martes.
La gobernadora Kathy Hochul también anunció que el estado está explorando viviendas para inmigrantes en los campus de SUNY en todo el estado. Spectrum News 1 informó el martes que la Universidad de Stony Brook es uno de los tres campus de SUNY designados para albergar a los inmigrantes que actualmente se encuentran refugiados en la ciudad de Nueva York. Los campus de Stony Brook, Buffalo y Albany albergarían a un total de 1.500 inmigrantes entre ellos, informó la organización de noticias.
Hochul y Adams también realizaron una conferencia de prensa el martes instando a los funcionarios federales a acelerar la autorización legal de trabajo para los solicitantes de asilo. Hochul dijo que los inmigrantes que trabajan pueden ser parte de la economía del estado, aliviar la escasez de mano de obra y aliviar la presión sobre los servicios sociales de la ciudad y el estado. Ella dijo que bajo el sistema actual, los migrantes deben esperar 180 días después de solicitar el estatus de asilo legal para obtener documentos para trabajar legalmente.
