La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), junto a otros 20 fiscales generales, para impedir que se condicionen fondos federales destinados a las víctimas de delitos a la cooperación de los estados con las políticas de deportación masiva de la administración federal.
De acuerdo con la demanda, el DOJ amenaza con recortar cientos de millones de dólares en recursos del Acta de Víctimas de Delitos (VOCA), una ley creada hace más de 40 años para garantizar atención médica, asesoría legal, refugio, compensación por salarios perdidos y otros servicios esenciales para quienes han sido víctimas de delitos. Estos fondos provienen exclusivamente de multas y sanciones de casos criminales federales y cada año benefician a alrededor de 10 millones de personas en todo el país.
En el caso de Nueva York, están en riesgo más de 212 millones de dólares que actualmente sostienen una red de más de 250 programas comunitarios. Estos recursos cubren gastos como atención médica de emergencia, kits de violación, limpieza de escenas del crimen, costos funerarios, reubicación por seguridad, transporte a tribunales, así como servicios de acompañamiento, refugios para víctimas de violencia doméstica y líneas de crisis. Sin estos fondos, muchos programas tendrían que cerrar sus puertas o reducir servicios, dejando a miles de neoyorquinos sin el apoyo necesario para recuperarse de la violencia y buscar justicia, dijo la fiscal James a través de un comunicado.
El DOJ busca imponer nuevas condiciones que obligarían a los estados a dar acceso ilimitado a las instalaciones a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), proporcionar información sobre fechas de liberación de personas bajo custodia y acatar todas las solicitudes de cooperación en procesos de deportación. Estas exigencias, argumentan los fiscales, contradicen políticas adoptadas en Nueva York y otros estados para garantizar que víctimas y testigos puedan denunciar delitos sin miedo a ser deportados.
“La intención del gobierno federal es utilizar los fondos para víctimas como moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir con su agenda migratoria”, advirtió James. “Estos recursos fueron creados para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para que sigan cumpliendo ese propósito. Los neoyorquinos merecen un sistema de justicia que ponga su seguridad primero”.
La coalición de fiscales sostiene que estas condiciones violan principios constitucionales como la separación de poderes y el federalismo, además de exceder la autoridad legal del DOJ bajo VOCA. También advierten que aceptar estas reglas dañaría la confianza de las comunidades inmigrantes en el sistema de justicia, lo que dificultaría que se denuncien delitos y se procese a los responsables.
La demanda solicita a la corte bloquear la aplicación de estas condiciones, anular los requisitos migratorios añadidos a los fondos VOCA de este año y garantizar que los recursos continúen llegando a los programas y a las víctimas tal como lo dispuso el Congreso.
Entre los estados que se unieron a la acción legal se encuentran California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
