La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este miércoles que, junto a otros 19 fiscales generales del país, presentó un escrito legal en oposición a la nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que impone la detención indefinida de inmigrantes indocumentados sin derecho a una audiencia de fianza.
El documento, presentado en el caso Bautista Vs. Noem, argumenta que esta reinterpretación de la ley migratoria viola el debido proceso, contradice estatutos federales y pone en riesgo a familias, comunidades y economías estatales.
“Nuestra nación se fundó bajo el principio de libertad y justicia para todos”, declaró James. “El DHS está intentando reescribir la ley de inmigración, eliminar protecciones de debido proceso y negar a las personas sus derechos constitucionales más básicos. El gobierno federal no puede ignorar la ley y amenazar a nuestras familias y comunidades”.
El documento legal dice que durante décadas, los inmigrantes en proceso de deportación han tenido derecho a solicitar una audiencia de fianza para pedir su liberación, mientras sus casos se resolvían. La nueva política elimina esa posibilidad para quienes ingresaron al país sin inspección, obligándolos a permanecer detenidos de manera indefinida, sin importar sus circunstancias personales. Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos durante años y ahora enfrentan confinamiento en centros sobrepoblados y con condiciones precarias.
El escrito legal también resalta que más de nueve millones de ciudadanos estadounidenses viven con al menos un familiar indocumentado, incluidos más de cuatro millones de niños. Diversos estudios muestran que la detención de un padre incrementa significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y estrés postraumático en los menores, además de provocar inestabilidad económica en los hogares.
El temor a la detención, sostienen los fiscales, desalienta a las familias inmigrantes a acceder a servicios básicos de salud, alimentación o incluso a denunciar delitos, lo que afecta tanto la seguridad pública como la salud comunitaria.
La coalición también advirtió sobre el impacto económico de la política. Los inmigrantes indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral estadounidense, con gran presencia en sectores como agricultura y construcción. En 2023, los hogares liderados por indocumentados aportaron cerca de 90 mil millones de dólares en impuestos y casi 300 mil millones en consumo.
El costo de la detención migratoria alcanzó en 2024 los 3.4 mil millones de dólares, lo que equivale a 152 dólares diarios por persona detenida. En contraste, el programa de Alternativas a la Detención del propio DHS cuesta menos de 4.20 dólares por día y ha demostrado la misma eficacia para asegurar la comparecencia en los tribunales.
Los fiscales generales también denunciaron que la detención indefinida restringe severamente el acceso a abogados, especialmente cuando los inmigrantes son trasladados a centros remotos, lejos de sus familias y representantes legales. Esto disminuye de manera drástica sus posibilidades de obtener alivio migratorio, aún cuando cumplen los requisitos para permanecer en el país.
La coalición enfatizó que negar la oportunidad de una audiencia de fianza no solo es inhumano, sino que contradice precedentes legales y los principios fundamentales del debido proceso. Recordaron que las evaluaciones individualizadas son estándar en procesos civiles y penales, y que los inmigrantes no deberían ser tratados de manera diferente únicamente por su estatus migratorio.
Los fiscales instaron a la corte a emitir un fallo sumario parcial en favor de los demandantes y declarar ilegal la política del DHS.
Además de James, firmaron el escrito los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
