La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con una coalición de once fiscales generales estatales, obtuvo otra importante victoria en los tribunales, al bloquear el intento de la administración federal de recortar fondos esenciales para la seguridad pública.
El fallo, emitido por la Corte del Distrito de Rhode Island, detuvo de inmediato la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que buscaba reasignar cientos de millones de dólares destinados a programas de preparación ante emergencias, contraterrorismo y apoyo a las fuerzas del orden. Solo en Nueva York, el recorte habría significado la pérdida de más de 100 millones de dólares, equivalentes a una reducción del 77 por ciento en los recursos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP), señaló la fiscal en un comunicado.
La demanda fue presentada el pasado 29 de septiembre y cuestionaba la legalidad de la reubicación de estos fondos, argumentando que violaba tanto la ley que autoriza el HSGP, como la Ley de Procedimiento Administrativo. La decisión judicial garantiza temporalmente que los recursos permanezcan en los estados mientras continúa el proceso legal.
“Este es un triunfo importante para los neoyorquinos y para todos los estados que dependen de estos fondos para enfrentar amenazas peligrosas”, señaló James. “El gobierno federal no puede jugar a la política con la seguridad de nuestras comunidades y de los oficiales de la ley que nos protegen cada día”.
La coalición demandante incluye, además de Nueva York, a los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
