La organización OLA Of Eastern Long Island expresó preocupación tras el nombramiento de un juez de inmigración en Nueva York, señalando posibles sesgos, a partir de sus publicaciones en redes sociales. La organización advierte que su postura pública podría afectar el debido proceso de quienes enfrentan procedimientos migratorios en el estado.
El juez en cuestión es Kieran Lalor, quien fue designado como parte de un grupo de nuevos jueces de inmigración, nombrados por el Departamento de Justicia en marzo pasado, en medio de un proceso nacional para reforzar el sistema de cortes migratorias ante el alto volumen de casos pendientes.
Tras su nombramiento han cobrado realce publicaciones hechas por el jurista en su cuentas personales de Facebook e Instagram, en las que expresa posturas políticas sobre inmigración, seguridad y temas sociales. Aunque se sabe, por su curriculum, que está adscrito al partido republicano, y fue miembro de la asamblea estatal entre 2013 y 2022, bajo esa misma vertiente, a OLA le preocupa que sus posturas públicas afecten la imparcialidad que debe asistir a los jueces.
Entre las publicaciones revisadas, Lalor ha dedicado varias al presidente Donald Trump y su gestión, así como contenido de medios con titulares enfocados en la situación migratoria en Nueva York.
En otra de de sus publicaciones, comparte una imagen con una leyenda en la que dice, entre otras cosas, “La Izquierda está empeñada en borrar nuestra historia y nuestros héroes para destruir todo lo que construyeron los Padres Fundadores”, en referencia a la remoción de la estatua de Thomas Jefferson. El juez también compartió contenido en apoyo a Daniel Penny tras su absolución en un caso ocurrido en el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York. En su contenido, se observan con frecuencia, publicaciones relacionadas con políticas de seguridad y control migratorio, así como contenido que respalda acciones en la frontera.
Ante este tipo de publicaciones, Lucia Damerau, directora de Servicios Legales de Inmigración en OLA, advirtió que “el nombramiento de jueces de inmigración que han expresado públicamente prejuicios y tendencias políticas pone en riesgo los principios fundamentales de la justicia y del debido proceso en las cortes de inmigración”, y agregó que estas cortes “están destinadas a ser espacios imparciales donde las decisiones se basan en la ley y la evidencia, no en opiniones preconcebidas ni en agendas políticas”.
Damerau subrayó que la preocupación se relaciona directamente con el impacto que estas posturas pueden tener en los casos que llegan a las cortes. “Los inmigrantes, como todas las personas presentes en Estados Unidos, tienen derecho al debido proceso. Esto incluye el derecho a que sus casos sean escuchados por jueces neutrales que evalúen los hechos de manera objetiva. Si los jueces entran a la sala con prejuicios, ese derecho queda comprometido”, señaló.
La directora legal también enfatizó la gravedad de las decisiones que se toman en este ámbito. “Lo que está en juego no son solo resultados legales, sino vidas humanas. Muchas personas al ser regresadas a sus países de origen enfrentan no solo persecución sino en algunos casos hasta la muerte”, afirmó, al insistir en que “garantizar que los jueces de inmigración cumplan con los más altos estándares de neutralidad no es opcional”.
Las publicaciones revisadas muestran un patrón de contenido político en temas de inmigración, seguridad y debates nacionales, lo que ha intensificado el escrutinio público tras su nombramiento. En regiones como el East End de Long Island, donde miles de familias dependen de decisiones en cortes de inmigración, la imparcialidad judicial se mantiene como una preocupación central para la comunidad.
Antes de su nombramiento, Lalor desarrolló una trayectoria en el ámbito legal y público, incluyendo experiencia como abogado y participación en funciones gubernamentales a nivel estatal. Durante su carrera política, mantuvo posiciones conservadoras en temas de inmigración. Por ejemplo, criticó el uso de fondos públicos para financiar defensa legal de los migrantes en procesos de deportación. Fue nombrado el 11 de marzo de 2026 como juez de inmigración por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y está designado en Nueva York. Forma parte de un grupo de más de 40 nuevos jueces contratados para enfrentar el atraso en los tribunales migratorios.
