La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció una importante victoria judicial luego de que un tribunal federal declarara ilegal una tarifa de $100,000 impuesta por la administración Trump a las nuevas solicitudes de visas H-1B, un programa que permite a trabajadores altamente calificados desempeñarse temporalmente en Estados Unidos.
La decisión fue emitida por el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts, que falló a favor de una coalición de 20 fiscales generales estatales encabezada por James. El tribunal otorgó una sentencia sumaria a favor de los demandantes y anuló la política que establecía el cobro de la nueva tarifa.
Las visas H-1B son utilizadas por empleadores para contratar profesionales especializados en áreas como medicina, educación, tecnología, finanzas y otras industrias que requieren personal altamente capacitado. Según los fiscales generales, el aumento habría representado un obstáculo significativo para cubrir vacantes esenciales y habría agravado la escasez de trabajadores en sectores críticos.
“Cada día, miles de personas con visas H-1B sirven a los neoyorquinos como médicos, maestros y otros trabajadores especializados”, expresó James. “Hoy, un tribunal puso fin al intento ilegal de esta administración de destruir este programa fundamental y los empleos que hace posibles”.
La demanda argumentó que limitar el acceso a estas visas perjudicaría gravemente a los estados, especialmente en áreas donde ya existen dificultades para encontrar personal calificado.
En Nueva York, la State University of New York (SUNY) emplea a 693 trabajadores con visas H-1B, muchos de ellos prestando servicios en comunidades rurales y suburbanas. Además, el estado enfrenta una persistente escasez de personal de enfermería, situación que podría agravarse debido a que más de un tercio de los trabajadores de la salud en Nueva York son inmigrantes.
Las industrias de tecnología, finanzas y artes también dependen significativamente de estos profesionales. Más de 13,000 personas con visas H-1B trabajan actualmente en esos sectores en todo el estado.
La controversia comenzó en septiembre de 2025, cuando el gobierno federal anunció inesperadamente la implementación de una tarifa de $100,000 para todas las nuevas solicitudes de visas H-1B, una cifra muy superior a los costos tradicionales del programa, que históricamente se habían mantenido en apenas varios miles de dólares.
En diciembre de 2025, James y la coalición de fiscales generales presentaron una demanda para impedir la entrada en vigor de la medida. Con la decisión judicial emitida esta semana, la tarifa queda anulada y no podrá ser aplicada.
Además de Nueva York, participaron en la demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
