La exvicepresidenta de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Primaria de Sag Harbor fue sentenciada este martes 6 de octubre a cinco años de libertad condicional y deberá devolver $14,487 que sustrajo de la organización, informó la Fiscalía del Condado de Suffolk.
Hope Livingston, de 50 años y residente de Sag Harbor, se había declarado culpable el pasado 4 de agosto de un cargo de hurto mayor en tercer grado, un delito grave de clase D.
Según los documentos judiciales y lo que admitió al declararse culpable, Livingston utilizó dinero de la asociación, conocida como PTA por sus siglas en inglés, para cubrir gastos personales mientras ocupaba cargos en su junta directiva.
Livingston fue cotesorera desde julio de 2021 hasta junio de 2022 y vicepresidenta desde julio de 2022 hasta junio de 2024. Durante ese período tenía acceso a la cuenta bancaria de la organización mediante una tarjeta de débito que debía utilizar exclusivamente para compras relacionadas con la PTA.
El uso indebido de los fondos fue descubierto en septiembre de 2024, cuando nuevos integrantes de la junta asumieron el manejo de la cuenta bancaria.
La investigación determinó que Livingston había utilizado dinero de la asociación para realizar compras personales en Costco, Amazon, Target, Lululemon y diversos negocios locales de Sag Harbor. También retiró efectivo directamente de la cuenta en numerosas ocasiones.
El fiscal del Condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, destacó que la restitución es parte de la rendición de cuentas, especialmente cuando los fondos fueron confiados a una organización que trabaja en beneficio de los estudiantes y de la comunidad escolar.
“Esta sentencia exige que la acusada devuelva lo que tomó”, afirmó Tierney.
Livingston se declaró culpable ante el juez interino de la Corte Suprema del Estado de Nueva York Anthony S. Senft. Como parte de la sentencia impuesta este martes, deberá restituir los $14,487 a la PTA de la Escuela Primaria de Sag Harbor.
El caso estuvo a cargo de la fiscal adjunta Alyssa Costantino, de la Oficina de Corrupción Pública. La investigación fue realizada por la unidad de Corrupción Pública de la Fiscalía, con asistencia especial del sargento Matthew Matz, de la Oficina del Sheriff. Livingston estuvo representada por el abogado Edward D. Burke Jr.
