La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general estatal, Letitia James, notificaron a los funcionarios de los condados y a los sheriffs, que tienen hasta el 25 de noviembre para poner fin a los acuerdos que permiten utilizar cárceles locales para albergar a personas detenidas por infracciones civiles a las leyes federales de inmigración.
El anuncio, realizado el viernes 6 de noviembre, busca garantizar el cumplimiento de la ley “Local Cops, Local Crimes”, conocida en español como “Policías locales, delitos locales”. La Oficina de Confianza para Inmigrantes, que forma parte de la Fiscalía General estatal, envió una carta con orientación sobre las obligaciones de las autoridades locales y el plazo para terminar esos acuerdos.
La legislación, promulgada por Hochul el 27 de mayo de 2026, prohíbe que los gobiernos locales y las agencias policiales celebren, modifiquen, renueven, extiendan o mantengan acuerdos formales o informales destinados a detener personas por infracciones civiles migratorias a solicitud de las autoridades federales.
Las agencias que todavía mantienen contratos de este tipo deben utilizar sus cláusulas de rescisión a más tardar el 25 de noviembre. A partir de esa fecha, los acuerdos prohibidos serán nulos y carecerán de validez legal conforme a la legislación estatal. Cuando un contrato incluya tanto detenciones penales como civiles migratorias, deberá terminarse la parte correspondiente a estas últimas.
“Permitir que ICE utilice nuestras cárceles locales para la detención por motivos migratorios civiles no hace que Nueva York sea un lugar más seguro”, afirmó Hochul. La gobernadora sostuvo que las fuerzas del orden locales deben concentrarse en proteger a los residentes y mantener a los delincuentes peligrosos fuera de las calles.
Por su parte, James señaló que los recursos de los contribuyentes deben destinarse a la seguridad de las comunidades y que su oficina está orientando a los funcionarios para que cumplan con el plazo.
“Los funcionarios locales no deberían realizar el trabajo de las autoridades federales de inmigración”, expresó la fiscal general.
Las autoridades aclararon que la ley permite contratar espacio en cárceles locales para personas que enfrentan cargos penales federales pendientes, siempre que esos acuerdos no incluyan la detención exclusivamente por una infracción civil migratoria. Tampoco impide cumplir órdenes de tribunales estatales o federales ni mandatos judiciales.
La carta solicita a los ejecutivos de los condados y a los sheriffs informar a la Oficina de Confianza para Inmigrantes sobre las medidas adoptadas para cumplir con la ley, o confirmar que no mantienen acuerdos prohibidos.
Esa oficina tiene facultades para recibir denuncias, investigar, emitir citaciones y presentar acciones civiles para hacer cumplir la legislación estatal.
Los residentes que consideren que una agencia estatal o local, un empleado, un contratista, una escuela u otra entidad sujeta a estas disposiciones ha infringido las leyes estatales sobre aplicación civil de las normas migratorias pueden presentar una denuncia mediante el formulario de la Oficina de Confianza para Inmigrantes.
Quienes sean testigos de operaciones federales en cualquier parte de Nueva York también pueden reportarlas a través del portal de acciones federales de la Fiscalía General.
