El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Timothy D. Sini, la inspectora general del estado de Nueva York, Letizia Tagliafierro y el Departamento de Servicios Sociales del condado de Suffolk, DSS, anunciaron hoy el arresto de tres personas por presunto fraude social, lo que desencadenó en el robo combinado de más de 197 mil dólares en beneficios del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk.
“Es el robo de dólares de los contribuyentes y es el robo a personas que realmente lo necesitan”, dijo el fiscal de distrito Sini. “Quiero agradecer al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk y a la Oficina del Inspector General de Bienestar del Estado de Nueva York por su colaboración continua con mi Oficina para investigar y procesar a cualquiera que intente aprovechar estos servicios sociales y robar fondos públicos”.
De acuerdo con el comunicado del fiscal de distrito del condado de Suffolk, un hombre identificado como Mohammed U. Farooq, de 57 años, residente de Dix Hills, fue acusado de fraude de bienestar en cuarto grado, un delito grave de clase E, por cobrar beneficios del estado, entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de abril de 2018. Según las investigaciones Farooq no reportó ingresos por más de 650 mil dólares al DSS, lo que habría originado que recibiera 89,366 dólares en beneficios de Medicaid, a los que no tenía derecho.
“En un esfuerzo por enriquecerse, estas personas se beneficiaron de importantes programas de bienestar diseñados para ayudar a las familias de Nueva York necesitadas”, dijo la Inspectora General del Estado de Nueva York, Tagliafierro. “A través de la colaboración con el fiscal de distrito Sini, continuaremos vigilantes para detener el fraude y el abuso de asistencia social en el condado de Suffolk”.
Otra de las personas capturadas es Rhonda Quick, de 49 años de edad, residente de Coram, quien de acuerdo con el comunicado del fiscal, está acusada de fraude de bienestar en cuarto Grado, por cobrar beneficios de asistencia social del DSS. El reporte de las autoridades indica que Quick trabajaba para una pareja de ancianos, como asistente domiciliaria, sin licencia, y no reportó los ingresos que recibió por su trabajo. Ante las omisiones, la mujer recibió 38,371 dólares en beneficios de Medicaid, entre enero de 2014 y diciembre de 2016. La mujer recibió también pagos por 29,285 dólares en beneficios de Asistencia Pública, entre enero de 2014 y enero de 2017 y al rededor de de 12 mil dólares, en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (“SNAP”), entre marzo de 2014 y enero de 2017. En total, Quick recibió 80,013 dólares en beneficios a los que supuestamente no tenía derecho.
Por su parte, Chaniesa Simmons, de 45 años de edad, residente de Central Islip, está acusada de fraude de bienestar en cuarto grado, un delito grave de clase E, por recibir beneficios de asistencia social del DSS. Simmons trabajaba como asistente de salud domiciliaria con licencia, pero no reportó sus ingresos, por lo que terminó recibiendo 15,550 dólares en beneficios de Medicaid, entre enero de 2014 y diciembre de 2016. También recibió más de 12 mil dólares en beneficios de SNAP, entre marzo de 2014 y enero de 2017. En total, Simmons recibió 27,703 dólares en beneficios fraudulentos.
“La función del Departamento es ayudar a sus residentes cuando lo necesiten”, dijo la comisionada del DSS, Frances Pierre. “Es muy lamentable que en todos los programas de beneficio público siempre haya algunos que intentarán obtener beneficios a los que no tienen derecho legalmente. Con el apoyo del Ejecutivo del Condado Bellone, el Departamento continuará manteniendo un sólido sistema de prevención de fraude para asegurar que los beneficios públicos solo se otorguen a quienes tienen derecho legalmente”.
Farooq fue procesado el 30 de septiembre y fue puesto en libertad bajo su propio reconocimiento. Debe regresar a la corte el 4 de noviembre. Quick fue procesada el 22 de septiembre y fue liberada bajo su propio reconocimiento. Debe regresar a la corte el 26 de octubre. Simmons fue procesada el 21 de septiembre y fue liberada bajo su propio reconocimiento. Debe regresar a la corte el 26 de octubre, dice el comunicado del fiscal.
Si estas personas son declaradas culpables del cargo más alto, cada uno enfrentaría una sentencia que podría ir de un año y cuatro meses, hasta cuatro años en prisión.
Los casos están siendo procesados por la Fiscal de Distrito Auxiliar Leslie Stevens, de la Oficina de Investigaciones Financieras y Lavado de Dinero.
Nota del editor; Una persona acusada de un cargo criminal, es considerada inocente hasta que su culopabilidad sea probada en un tribunal de justicia.
