Después de 16 meses de negociaciones, las conversaciones de conciliación entre la administración de Biden y los demandantes en el caso Ramos Vs. Mayorkas, que buscaban salvar el TPS, después de las constantes amenazas que ha sufrido la figura en los últimos años, colapsaron oficialmente el martes en la tarde, dejando a más de 260 mil personas en riesgo de deportación, dijo la Alianza Nacional del TPS, a través de un comunicado.
Los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron la demanda por primera vez en 2018 luego de que el presidente Donald Trump revocó las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Aunque desde entonces la administración Biden ha re-designado el estatus de Haití y Sudán, no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países.
“Cientos de miles de personas han recibido protección humanitaria en los Estados Unidos durante más de dos décadas. Es cruel e injusto que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias”, dijo Emi MacLean, abogada sénior de la ACLU del norte de California. “El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer las terminaciones racistas de TPS bajo Trump y garantizar la protección de los beneficiarios de TPS. Los beneficiarios de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más”.
En nuestra área, la noticia cayó como un baldado de agua fría, al igual que en otras regiones del país. Desde principios de la semana se estaba esperando lo peor, dijo la líder comunitaria y representante del comité TPSiano de Long Island, Cecilia Martínez.
“Es una noticia desastrosa, nos sentimos igual o peor que cuando el presidente Trump anunció la cancelación del TPS”, dijo. “Me levanté y saqué fuerzas de donde no las tenía, para que mi hija no echara de ver la tristeza que llevo en mi corazón”.
A través de Ramos Vs. Mayorkas, los beneficiarios de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones eran ilegales y motivadas por intenciones racistas. Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, revocó la orden del tribunal inferior. Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno, sigue pendiente.
“Estamos profundamente decepcionados de que la Administración Biden haya optado por defender las decisiones de terminación de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación”, dijo Ahilan Arulanantham, co-director del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA, que representa a los demandantes. “Le hemos pedido al Noveno Circuito en pleno que dictamine que esos despidos fueron ilegales. Esto es lo que claramente requiere la ley”.
“Al no re-designar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que había prometido hacer por las familias migrantes”, dijo Erasmo Ramos, hondureño, beneficiario de TPS y líder en la Alianza Nacional TPS. “En cambio, está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de la protección y negando nuestros derechos”.
La líder local Martínez dijo en horas de la tarde que la lucha continuará. A pesar de la tristeza y la angustia que embarga a la comunidad TPSiana, pidió a quienes aún gozan de este beneficio, no entrar en pánico, y mucho menos darse por vencidos.
“Vamos a reunirnos en las próximas horas para ponernos de acuerdo y definir lo que se hará de ahora en adelante”, aseguró.
“Esto no es donde esperábamos estar casi dos años después de que el presidente Biden asumiera el poder”, dijo Jessica Bansal, directora legal de Unused Workers United, que representa a los demandantes. “Los beneficiarios de TPS y sus familias merecen algo mejor. Seguiremos luchando contra estos despidos crueles e ilegales durante el tiempo que sea necesario”.
Tras conocerse las últimas noticias, varios eventos, conferencias de prensa y congregaciones se llevaron a cabo este miércoles en diferentes partes de la Unión Americana. En Los Ángeles, San Francisco. , Long Island NY, West Orange NJ, Washington DC, Houston, Dallas y Arkansas, el clamor era el mismo: Una respuesta inmediata y positiva por parte de la administración Biden.
El TPS es una forma de ayuda humanitaria concedida a los países devastados por desastres naturales o guerras y permite a los beneficiarios trabajar legalmente mientras permanecen en los Estados Unidos. Fue creado en 1990 y en la actualidad beneficia a inmigrantes de 15 países.
