Autoridades locales del East End pidieron reformas al sistema de control migratorio federal, solicitando mayor transparencia, notificación a la policía local y reglas claras durante operativos que afectan directamente a las comunidades.
La Junta Municipal de East Hampton envió el 19 de marzo de 2026 una carta a representantes federales, incluyendo a los senadores Charles E. Schumer y Kirsten Gillibrand, así como al congresista Nicholas LaLota, en la que instan a implementar cambios en la forma en que se llevan a cabo las acciones de control migratorio en comunidades locales.
En el documento, las autoridades expresan preocupación por la falta de claridad en los operativos federales, señalando que con frecuencia las familias no saben qué ocurrió con sus seres queridos tras una detención, mientras que las instituciones locales enfrentan dificultades para mantener la confianza de los residentes.
La carta plantea como medida principal que, cuando una persona sea detenida por autoridades migratorias, se notifique al departamento de policía local dentro de un plazo de 12 horas, incluyendo el nombre del detenido y el lugar al que fue trasladado.
“Instamos al Congreso a adoptar una reforma sencilla que brinde claridad inmediata a las familias y comunidades cuando alguien es puesto bajo custodia de inmigración”, dice la misiva.
Según el texto, esta acción permitiría evitar que las familias recorran hospitales, estaciones de policía y oficinas gubernamentales en busca de información.
“Ninguna familia debería tener que llamar a hospitales, comisarías de policía y oficinas gubernamentales solo para averiguar a dónde han llevado a un ser querido. Sin embargo, esa es una realidad demasiado frecuente hoy en día”, dijo la Supervisora del Municipio de East Hampton, Kathee Burke-Gonzealez. “Cuando no existe información clara, se generan miedo y confusión en el peor momento posible. Esta es una solución sencilla que garantizaría que las familias obtengan respuestas justo cuando más las necesitan”.
Asimismo, los funcionarios locales proponen que se establezcan normas más estrictas para las operaciones federales. Entre ellas, que los agentes obtengan órdenes judiciales antes de ingresar a propiedades privadas, que se identifiquen claramente durante los operativos y que se limite el uso de coberturas faciales, con el fin de que los residentes sepan quién está actuando en sus vecindarios.
“En un sentido más amplio, cuando se producen acciones federales de control en nuestros vecindarios, estas deben llevarse a cabo de una manera que respete las garantías constitucionales, mantenga la confianza pública y proporcione un nivel básico de transparencia y rendición de cuentas a las comunidades afectadas. Esto significa que debe haber normas claras que rijan la actividad de control”, dice la carta.
El documento también subraya la necesidad de proteger los llamados “lugares sensibles”, como escuelas, centros médicos, iglesias, centros de votación y tribunales, para garantizar que las personas puedan acceder a servicios esenciales sin temor a ser detenidas.
Además, se solicita al Congreso establecer estándares nacionales que prohíban el perfilamiento racial, regulen el uso de la fuerza y exijan el uso de cámaras corporales durante las interacciones con el público, como ocurre con otras agencias de orden público.
La Junta Municipal de East Hampton también destacó la importancia de que los gobiernos locales mantengan la capacidad de investigar posibles conductas indebidas cuando ocurran operativos federales en sus jurisdicciones, como parte de un esfuerzo por asegurar transparencia y rendición de cuentas.
El documento fue firmado por la supervisora Burke-Gonzalez y los miembros de la junta administradora.
“La Junta Municipal de East Hampton considera que estas reformas contribuirían a aportar mayor transparencia, rendición de cuentas y humanidad a un sistema de aplicación de las leyes de inmigración que, con demasiada frecuencia, opera careciendo de ellas”, dice la comunicación.
La carta se dio a conocer este viernes, luego de que en la noche del jueves, OLA Of Eastern Long Island y unos 14 miembros de la comunidad participaran de la reunión de la junta municipal para expresar su apoyo a la Ley de Seguridad y Responsabilidad que viene impulsando la Organización Latinoamericana con el fin de garantizar que las acciones de ICE se desarrollen con total transparencia en nuestras comunidades.
