La Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció este miércoles en una conferencia de prensa, que el Departamento de Justicia está demandando al Estado de Nueva York y a varios funcionarios estatales, por la llamada Green Light Law o Ley Luz verde, que le ha permitido a miles de inmigrantes sin estatus legal, tener acceso a una licencia de conducir válida.
Aunque no entregó detalles de los alcances de la demanda, la fiscal general dijo que la medida incluye a la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal del estado, Leticia James y el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York, Mark Schroeder.
“Nueva York ha decidido dar prioridad a los inmigrantes ilegales por sobre los ciudadanos estadounidenses. Eso se detiene. Eso se detiene hoy”, dijo la fiscal Bondi. “Como ya saben, demandamos a Illinois y Nueva York no nos escuchó, así que ahora ustedes son los siguientes”.
Partiendo del testimonio de una madre, cuya hija fue violada y asesinada por un presunto miembro de la banda criminal MS-13, la fiscal dijo que las leyes de Nueva York han permitido que personas con antecedentes penales anden con libertad por las calles de los Estados Unidos, “maniatando” a las autoridades federales para tener acceso a sus récords delincuenciales.
“Millones de inmigrantes ilegales con antecedentes violentos inundaron nuestras comunidades trayendo consigo violencia y drogas letales”, dijo la fiscal. “Y lo que tiene Nueva York son leyes de luz verde, lo que significa que le dan luz verde a cualquier indocumentado extranjero en Nueva York donde los agentes de la ley no pueden verificar su identidad”.
“Quiero que los criminales, los pandilleros, los traficantes de drogas y los contrabandistas de personas ya no aterroricen al pueblo estadounidense y por eso estamos aquí hoy. Ustedes serán responsables si no cumplen con la ley federal”, añadió la fiscal.
Aunque el documento de la demanda aún no ha sido publicado por el Departamento de Justicia, la gobernadora de Nueva York, respondió de inmediato. La mandataria dijo que esta es una más de las tantas demandas que ha enfrentado el estado por la Ley de Luz Verde, aprobada en 2019 y confirmada por los tribunales “una y otra vez”.
“Hoy temprano, la fiscal general Pam Bondi marchó frente a las cámaras de televisión para una dramática conferencia de prensa para anunciar que estaba presentando cargos contra el estado de Nueva York relacionados con nuestras leyes de inmigración. Horas después, cuando se compartieron los documentos legales con los periodistas, nos enteramos de que se trataba de una cortina de humo: el Departamento de Justicia estaba presentando una demanda civil de rutina sobre una ley aprobada en 2019”, dijo la gobernadora.
La mandataria añadió que las leyes actuales del estado de Nueva York permiten que las agencias federales de inmigración accedan a las bases de datos de DMV con una orden judicial, pero que cualquier otro tipo de acceso a los datos privados de los neoyorquinos, no será permitido en la región.
“De ninguna manera voy a permitir que los agentes federales, o la oscura operación DOGE de Elon Musk, obtengan acceso sin restricciones a los datos personales de cualquier neoyorquino en el sistema del DMV, como los niños de 16 años que aprenden a conducir y otras personas vulnerables”, dijo la gobernadora.
Hochul defendió categóricamente los derechos de los inmigrantes y sus aportes a la región.
“Nueva York se enorgullece de que inmigrantes de todo el mundo vengan aquí en busca de una vida mejor, gente como mis abuelos que se fueron de Irlanda en busca del sueño americano. Damos la bienvenida a personas respetuosas de la ley que quieren trabajar, pagar impuestos y contribuir a nuestras comunidades, al mismo tiempo que protegemos la seguridad pública de todos los neoyorquinos tomando medidas enérgicas contra los delincuentes violentos”, “dijo la mandataria. “Esperamos que la demanda sin valor y motivada por la publicidad de Pam Bondi sea un fracaso total, al igual que todas las demás. Permítanme ser claro: Nueva York no se echará atrás”.
Esta mañana la fiscal de Nueva York, Letitia James, quien es otra de las demandadas, dijo que está preparada para luchar por los derechos de los neoyorquinos y defender las leyes.
“Nuestras leyes estatales, incluida la ley de Luz Verde, protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estoy preparada para defender nuestras leyes, como siempre lo he hecho”, dijo la fiscal James.
La respuesta de las organizaciones que apoyan a los inmigrantes, frente a la demanda anunciada por la fiscal general, tampoco se hizo esperar. La directora jurídica interina de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Molly Biklen dijo que la demanda se propone intimidar a quienes tienen una visión diferente a la del gobierno Trump.
“Esta presentación es otro intento más de la administración Trump de utilizar descaradamente al Departamento de Justicia como arma para intimidar a los oponentes políticos y ejercer una presión política indebida. Busca castigar a los estados por promulgar políticas estatales con las que no está de acuerdo”, dijo Biklen. “La Fiscal General Bondi debería saber, pero es más probable que no le importe, que los supuestos cargos representan una grave intrusión en el derecho constitucional de Nueva York a legislar en áreas que tradicionalmente son de su competencia.
“La Ley de Luz Verde de Nueva York ha ayudado a las familias y comunidades de Nueva York. Ha hecho que nuestras carreteras sean más seguras y nuestra economía más fuerte. Nueva York y nuestros funcionarios públicos no tienen la obligación de dar a nuestro estado recursos para posibilitar los crueles y destructivos planes de deportación de la administración Trump”, dijo la directora jurídica. “NYCLU revisará la presentación cuando se haga pública para entender qué más se puede alegar”.
La Ley Luz Verde entró en vigencia el 14 de diciembre de 2019 y le permite a inmigrantes indocumentados acceder a una licencia de conducir, ya que establece que el Departamento de Vehículos Motorizados no puede preguntarle a los solicitantes acerca de su estatus legal.
La ley fue el producto de cerca de dos décadas de lucha por parte de organizaciones y lideres de la región. La Ley de Privacidad y Acceso a la Licencia de Conducir, permitió tras su aprobación, que unos 700 mil inmigrantes indocumentados del estado fueran por fin elegibles para aplicar al programa de licencias de conducir.
Desde que fue promulgada como ley, ha enfrentado varias batallas en los estrados judiciales, pero hasta el momento de todas ha salido victoriosa.
