Han pasado solo tres días desde la posesión del presidente Donald Trump para su segundo mandato, pero en algunos sectores de la realidad nacional se vive un revolcón que pareciera de años. En las últimas horas el Departamento de Justicia ordenó a sus fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que se interponga en el proceso de aplicación de las nuevas directrices de inmigración impartidas por el mandatario recién posesionado.
En un memorando, escrito por el fiscal general adjunto interino Emil Bove, se instruye además, a la división civil del Departamento de Justicia a ayudar a identificar leyes y políticas estatales y locales que “amenazan con impedir” las iniciativas de inmigración del gobierno de Trump y potencialmente impugnarlas en los tribunales.
La comunicación del Departamento de Justicia obligó a la Fiscal General del Estado de Nueva York Letitia James, a emitir un comunicado en la noche del miércoles en el que intenta calmar a la población inmigrante, recordándole que en el estado hay leyes que los blindarían de la amenaza gubernamental.
“En el estado de Nueva York tenemos leyes que protegen a los inmigrantes y limitan la cooperación con los esfuerzos federales de aplicación de las leyes de inmigración. Esas leyes deben seguir siendo respetadas por todas las fuerzas del orden y los funcionarios de Nueva York”, dijo la fiscal James.
El mismo día de su posesión el presidente Trump firmó una docena de órdenes ejecutivas, varias de las cuales atañen al tema migratorio y entraron en vigencia de manera inmediata. Otras han sido impugnadas en los estrados judiciales y algunas otras se irán aplicando a medida que el nuevo gabinete entre de lleno en funciones.
El memorándum del Departamento de Justicia anticipa un aumento en los casos de inmigración bajo la nueva administración, y ordena a las fiscalías de todo el país que informen a los tribunales sobre su política “y desarrollen procesos para manejar el mayor número de procesamientos que resultarán”. El documento dice que cualquier decisión de los fiscales federales de negarse a procesar violaciones de inmigración debe ser revelada a la sede del Departamento de Justicia en “informes urgentes”. La fiscal James califica estos anuncios como un atentado a la constitución y anuncia que no cederá a estas solicitudes.
“Este es un intento del Presidente de obligar a los gobiernos estatales y locales a llevar a cabo sus deportaciones masivas. Nueva York no se dejará intimidar para que infrinja la ley con el fin de cumplir una promesa de campaña. No nos quedaremos de brazos cruzados ni permitiremos que se socave la Constitución, dijo la fiscal general. “Como Fiscal General, siempre defenderé nuestras leyes y protegeré los derechos de todos los neoyorquinos, incluidos los derechos de los inmigrantes”.
La Fiscal General James también ha emitido una guía para las fuerzas del orden locales, que está disponible en el sitio web de su oficina, en donde se explica en detalle las herramientas de protección con las que cuentan los inmigrantes indocumentados en el estado de Nueva York.
“Como se explica en la Parte II de esta guía, como regla general, no es un delito que una persona indocumentada permanezca presente en los Estados Unidos. Además, las personas indocumentadas, como todos los demás neoyorquinos, tienen ciertos derechos otorgados por las Constituciones del Estado de Nueva York y de los Estados Unidos, así como por los estatutos, reglamentos y políticas federales, estatales y locales. Las agencias locales de aplicación de la ley deben cumplir con los requisitos y prohibiciones de las Constituciones del Estado de Nueva York y de los Estados Unidos y las leyes federales, estatales y locales al servir al público, independientemente de si una persona está legalmente presente en los Estados Unidos o de otra manera sujeta a la aplicación de las leyes de inmigración. Por ejemplo, según la ley del estado de Nueva York, las agencias de aplicación de la ley normalmente no están autorizadas a detener a personas a pedido de las autoridades federales de inmigración civil únicamente sin una orden judicial”, dice la fiscal general en apartes de la guía emitida a las fuerzas del orden de la región.
