La fiscal general de Nueva York, Letitia James, logró una victoria judicial este miércoles al frenar los intentos del gobierno federal de condicionar los fondos de emergencia de FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la cooperación de los estados en acciones de inmigración.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Distrito de Rhode Island, que declaró inconstitucionales y arbitrarias las condiciones que buscaban obligar a los estados a colaborar con la agenda federal de deportaciones a cambio de recursos vitales para enfrentar desastres naturales y emergencias públicas.
En mayo, James junto a otros 19 fiscales generales había presentado una demanda contra el DHS argumentando que la administración estaba utilizando de manera ilegal el financiamiento federal como herramienta de presión política. Según la querella, desde enero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había emitido un ultimátum para los estados: apoyar las políticas de deportación masiva o perder fondos esenciales para preparación y respuesta ante emergencias.
“DHS está tomando como rehenes a los estados, obligándolos a elegir entre la preparación para desastres y una agenda migratoria ilegal y caótica”, denunció James al presentar la demanda. “El gobierno no puede usar la ayuda en catástrofes como un arma para coaccionar a los estados y romper la confianza con nuestras comunidades inmigrantes. Mi oficina luchará para garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos, tanto frente a desastres naturales como frente a políticas crueles e innecesarias”.
Los fiscales señalaron que los fondos en riesgo habían sido creados por el Congreso para atender emergencias, no para implementar leyes migratorias. Entre los programas que DHS amenazaba se encontraban el State Homeland Security Program, el Urban Area Security Initiative, las Subvenciones de Desempeño en Manejo de Emergencias, el State and Local Cybersecurity Grant Program y el Nonprofit Security Grant Program (NSGP). Solo en 2024, Nueva York recibió 44 millones de dólares del NSGP, utilizados principalmente para proteger sinagogas y escuelas judías ante el aumento de ataques antisemitas.
También estaban en riesgo programas de respuesta y reconstrucción como el Public Assistance Program, el National Urban Search & Rescue Response System, las subvenciones para mitigación de inundaciones y fondos esenciales para bomberos, represas, seguridad portuaria y mapeo de riesgos de FEMA.
Nueva York, en particular, dependía de estos recursos para sostener escuadrones antibombas certificados, el Centro de Inteligencia del Estado, equipos SWAT y unidades de materiales peligrosos. Además, el estado ha recibido más de 30 mil millones de dólares en fondos de asistencia pública de FEMA que han sido cruciales para responder a desastres como el huracán Sandy, la pandemia de COVID-19 y las tormentas del 2024 en el norte del estado.
Los fiscales generales advirtieron que aceptar las condiciones de DHS no solo hubiera debilitado la capacidad de los estados para enfrentar emergencias, sino que habría socavado la relación de confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Con la sentencia a su favor, James y la coalición celebraron que la corte reafirmara los límites constitucionales del poder ejecutivo y protegiera el acceso a fondos destinados a salvar vidas, sin que puedan usarse como herramienta de coerción migratoria.
“Hoy, el tribunal afirmó que es flagrantemente inconstitucional que el DHS utilice como rehenes fondos vitales en caso de desastre para impulsar sus iniciativas antiinmigratorias”, dijo la fiscal James tras conocer el dictamen del juez, el miércoles en la tarde.
