La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con una coalición de 25 estados, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos rechazar el más reciente intento del gobierno federal de negar ilegalmente, a decenas de millones de estadounidenses, los beneficios completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, por sus siglas en inglés.
En un escrito amicus curiae (amigo de la corte), la coalición argumentó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tiene la obligación legal de garantizar la entrega completa de los beneficios correspondientes al mes de noviembre y que bloquear esa orden causaría caos para los gobiernos estatales y un daño profundo a las familias que dependen de esta asistencia para alimentarse.
“La administración ha demostrado que no se detendrá ante nada para cortar ilegalmente la ayuda de la que dependen más de 40 millones de estadounidenses para poner comida en la mesa”, afirmó la fiscal general James. “Seguiré luchando contra estos intentos crueles de negar los beneficios que por ley les corresponden a las familias de Nueva York y de todo el país. Los tribunales ya han determinado repetidamente que el gobierno federal debe proveer los beneficios completos del SNAP, y la Corte Suprema debe rechazar sus esfuerzos para evadir esa obligación”.
El conflicto legal se intensificó después de que, el 6 de noviembre, un tribunal federal en Rhode Island ordenara al USDA liberar de inmediato los fondos completos de SNAP para noviembre. Un día después, la agencia notificó a los estados que el financiamiento estaría disponible, y muchos —entre ellos Nueva York— comenzaron a emitir los pagos completos. Sin embargo, la noche del sábado 8 de noviembre, el USDA emitió un nuevo memorando revirtiendo su posición y calificando de “no autorizados” los pagos completos, ordenando a los estados revertirlos de inmediato y amenazando con sanciones financieras.
La disputa se enmarca en una serie de demandas interpuestas por la fiscal James y otros fiscales generales para obligar al gobierno federal a cumplir con su deber de financiar el programa SNAP, incluso durante el cierre del gobierno. El 31 de octubre, un tribunal federal ya había ordenado al USDA usar fondos de contingencia para cubrir parcialmente los beneficios, y el 10 de noviembre se emitió una nueva orden judicial que bloquea temporalmente el intento del gobierno de recuperar los fondos distribuidos.
Además de Nueva York, forman parte de esta coalición los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, junto con los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania.
