Una propuesta legislativa presentada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha reactivado el debate estatal sobre el alcance de la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, al tiempo que organizaciones defensoras de inmigrantes consideran que las medidas anunciadas son un paso importante, pero insuficiente, para frenar lo que describen como una aplicación agresiva de las leyes migratorias a nivel federal.
La iniciativa, denominada Ley de Policía y Delitos Locales, tiene como objetivo impedir que cárceles y agencias policiales estatales y locales sean utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para la aplicación de la ley federal de inmigración civil. De aprobarse, la legislación eliminaría los acuerdos conocidos como 287(g), que permiten a agentes locales actuar como delegados de las autoridades federales en asuntos migratorios, y prohibiría el uso de centros de detención locales para redadas masivas, detenciones civiles o el traslado de personas bajo custodia migratoria.
Desde la administración estatal se argumenta que la propuesta busca reforzar las garantías constitucionales y asegurar que los recursos locales se concentren en la seguridad pública. “Durante el último año, los agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses bajo el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos —y la instrumentalización de los agentes de policía locales para la aplicación de la ley de inmigración civil— no serán tolerados en Nueva York”, declaró la gobernadora Hochul al anunciar la medida. Según la mandataria, el objetivo es que las fuerzas del orden de Nueva York se centren en combatir la delincuencia local y no en realizar tareas que corresponden a una agencia federal.
La propuesta también forma parte de un paquete más amplio presentado por la gobernadora para proteger a los residentes frente a posibles extralimitaciones federales. Entre esas medidas se incluye la creación de un derecho a demandar civilmente a funcionarios federales por violaciones constitucionales y la protección de los llamados “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales, lugares de culto y hogares, frente a la aplicación de la ley de inmigración civil sin una orden judicial.
Funcionarios del sistema de justicia y de las fuerzas del orden regionales expresaron su respaldo a la iniciativa. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, señaló que “los fiscales no podemos hacer nuestro trabajo si las víctimas y los testigos tienen miedo de denunciar”, mientras que el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, afirmó que prohibir los acuerdos 287(g) y exigir órdenes judiciales para ingresar a lugares sensibles permite que la policía local se concentre en delitos graves y fortalece la seguridad pública. En una línea similar, el sheriff del condado de Suffolk, Errol Toulon Jr., sostuvo que “las comunidades fuertes se construyen sobre la confianza entre los residentes y los agentes que los sirven”.
Actualmente, según datos del estado, 14 agencias policiales de nueve condados de Nueva York mantienen acuerdos 287(g) con ICE. Con la nueva legislación, esos convenios quedarían sin efecto, alineando al estado con otros que ya han prohibido este tipo de acuerdos, como Washington, Oregón, California, Illinois, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut.
Ante el anuncio gubernamental, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes reconocieron el alcance de las medidas propuestas, pero reclamaron una acción más amplia e inmediata. En un pronunciamiento difundido por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), sus representantes señalaron que las propuestas de la gobernadora “marcan un paso importante para proteger a los neoyorquinos frente a la extralimitación y los abusos federales”, pero advirtieron que persisten vacíos legales que permiten la colaboración, formal e informal, entre autoridades locales y federales.
“Reconocemos que existen brechas significativas en las leyes estatales que permiten que algunas localidades sean cómplices de la agenda de deportaciones masivas, pero debemos ir más allá para eliminar todo el espectro de cómo funciona esa colusión en nuestro estado”, indicó la organización, que impulsa la aprobación del denominado New York for All Act o Ley Nueva York para Todos. Según los defensores, esa legislación integral prohibiría cualquier forma de cooperación con ICE y garantizaría que ningún recurso público ni fondos locales se utilicen para la aplicación de políticas federales de deportación.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de NYIC, afirmó: “En un momento en que la aplicación federal de las leyes de inmigración está incentivada a detener y deportar a la mayor cantidad de personas posible sin el debido proceso, debemos centrar la seguridad y los derechos de las familias inmigrantes”. En su declaración, agradeció que la gobernadora haya reconocido la urgencia del tema, pero reiteró el llamado a avanzar hacia protecciones más amplias.
“Esperamos trabajar estrechamente con la gobernadora y la Legislatura estatal, encabezada por el presidente de la Asamblea, Heastie, y la líder de la mayoría del Senado, Stewart Cousins, para aprobar una legislación que ponga fin de inmediato a toda colaboración entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración: la Ley Nueva York para Todos. Esta ley es el proyecto de ley integral necesario para prohibir la colaboración, tanto formal como informal, con el ICE y garantizar que no se utilicen fondos públicos ni recursos estatales para impulsar la agenda de deportación de Trump”, agregó.
Mientras la propuesta de la gobernadora Hochul inicia su camino legislativo, el debate en Albany refleja dos posturas que, aunque coinciden en la necesidad de proteger derechos y garantizar la seguridad pública, difieren en el alcance de las medidas necesarias para regular la relación entre el estado de Nueva York y la aplicación federal de las leyes migratorias.
