La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó un escrito de apoyo en un caso judicial que denuncia las condiciones inhumanas a las que han sido sometidos inmigrantes detenidos en el edificio federal de 26 Federal Plaza, en Manhattan. Según James, la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha violado la ley al retener a personas en espacios de detención diseñados solo para estancias de pocas horas, manteniéndolas durante días en instalaciones inseguras e insalubres.
Hasta el mes de junio, las propias directrices de ICE limitaban el uso de las salas de detención en oficinas a un máximo de 12 horas. Sin embargo, reportes recientes han revelado que cientos de inmigrantes han sido retenidos durante varios días. Entre los casos más graves se encuentra el de una niña de siete años arrestada junto a su madre y hermano tras acudir a una cita en la oficina de inmigración, dijo la fiscal en el documento divulgado este martes.
La demanda presentada por los propios detenidos asegura que las salas son pequeñas, cuentan apenas con un inodoro y un lavamanos, no disponen de camas ni colchonetas, y solo se entregan dos comidas al día. Tampoco hay personal médico durante la noche y se prohíbe el acceso de familiares o abogados.
James calificó este trato como “abominable” y subrayó que “nadie debería permanecer durante días en condiciones horrendas dentro de instalaciones inseguras e inadecuadas”. En su escrito legal, pide a la corte que conceda la moción de los demandantes para imponer una orden judicial preliminar que obligue al gobierno federal a poner fin a estas prácticas.
El aumento de detenciones desde mayo de 2025, cuando ICE comenzó a realizar arrestos masivos de inmigrantes en la ciudad, ha tenido un profundo impacto en las comunidades. Entre los detenidos hay estudiantes, pequeños comerciantes y trabajadores. Sus familias han visto afectada su estabilidad económica, con riesgo de perder sus hogares y acceso a necesidades básicas como alimentos, medicinas o servicios públicos. Los hijos de padres arrestados, advirtió la fiscal, incluso enfrentan la posibilidad de ser enviados a hogares de crianza temporal, reseñó la fiscal.
Más allá de las consecuencias familiares, la fiscal resaltó que estas detenciones innecesarias amenazan también la economía de la región, ya que los inmigrantes indocumentados representan cerca de uno de cada 20 trabajadores y aportan alrededor de 6,700 millones de dólares en impuestos estatales y federales.
Con este escrito, la fiscal general busca que la corte ordene al gobierno federal tomar medidas concretas para mejorar las condiciones en 26 Federal Plaza y garantizar un trato humano y seguro a las personas allí retenidas.
