En el marco del discurso del Estado del Estado 2026, la gobernadora de Nueva York presentó un paquete de propuestas legislativas y administrativas orientadas a proteger a los residentes del estado frente a lo que calificó como acciones federales que afectan derechos constitucionales, acceso a servicios esenciales y la estabilidad de las familias trabajadoras, con un énfasis particular en la protección de las comunidades inmigrantes.
Las iniciativas fueron anunciadas en un contexto de creciente preocupación por el aumento de operativos migratorios federales, recortes a programas sociales y cambios en políticas nacionales que, según la administración estatal, impactan de manera desproporcionada a inmigrantes, hogares de bajos ingresos y comunidades históricamente marginadas. La gobernadora sostuvo que, aunque el estado no puede compensar todos los recortes federales, continuará defendiendo a las familias neoyorquinas.
“Hoy, Nueva York enfrenta fuertes vientos en contra como resultado de las acciones imprudentes de los republicanos en Washington”, afirmó la gobernadora. “Ya sea protegiendo a los neoyorquinos de escaladas sin precedentes en la aplicación federal de leyes migratorias, garantizando que las familias tengan acceso a atención médica o apoyando a pequeños negocios afectados por aranceles federales, seguiré defendiendo a Nueva York sin importar lo que ocurra a nivel federal”.
Uno de los ejes centrales del paquete es la propuesta de crear un derecho estatal para demandar civilmente a agentes federales que violen derechos constitucionales. La medida surge en respuesta a lo que el gobierno estatal describe como una intensificación de operativos migratorios agresivos, con tácticas que presuntamente han vulnerado garantías constitucionales. La iniciativa permitiría a los residentes iniciar acciones legales a nivel estatal contra funcionarios federales bajo los mismos estándares que ya se aplican a agentes estatales y locales, incluyendo las protecciones de inmunidad calificadas. El objetivo es ofrecer un mecanismo claro de rendición de cuentas cuando se abuse de la autoridad federal dentro de Nueva York.
“Nadie está por encima de la ley. Del Presidente en adelante.Es por eso que permitiré que los neoyorquinos hagan responsables a los agentes de ICE en los tribunales cuando actúan fuera de sus deberes legales”, expresó la mandataria a través de su cuenta de Facebook.
Los anuncios de la mandataria fueron aplaudidos por organizaciones defensoras de los inmigrantes. La Coalición de Inmigración de Nueva York, NYIC por sus siglas en inglés, aplaudió el compromiso del estado de poner fin a la colaboración con ICE e isntó a la aprobación inmediata de la ley “Nueva York para todos”.
“A medida que la extralimitación federal se intensifica y ICE ataca a los inmigrantes en sus hogares y lugares de trabajo con impunidad, los neoyorquinos están pagando el precio con familias destrozadas y comunidades desestabilizadas. Nueva York tiene una clara oportunidad y responsabilidad de liderar protegiendo a su gente y su economía”, dijo Murad Awawdeh, Presidente y CEO de la Coalición. “Dado que la mayoría de los neoyorquinos rechazan las tácticas abusivas del ICE y la agenda de deportación de Trump, el Estado debe tomar medidas decisivas para promulgar New York For All ahora. A medida que el gobierno federal acelera su agresiva maquinaria de deportación, Nueva York debe proteger el debido proceso atendiendo al aumento histórico de las necesidades legales. Solicitamos la financiación completa de los servicios legales para inmigrantes con 175 millones de dólares y la aprobación de las leyes Access to Representation y BUILD para garantizar que cada neoyorquino tenga la oportunidad de permanecer con sus familias y en sus comunidades”.
Otra propuesta clave busca proteger a los inmigrantes y a sus familias en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales, guarderías y templos religiosos. Durante décadas, la política federal limitó la aplicación de leyes migratorias civiles sin orden judicial en estos espacios. Sin embargo, cambios recientes a nivel federal eliminaron esas restricciones. La gobernadora anunció que impulsará una legislación estatal para prohibir la aplicación de leyes migratorias civiles en estos lugares sin una orden judicial, con el fin de preservar la seguridad, el acceso a servicios básicos y la confianza en instituciones fundamentales para la vida comunitaria.
La agenda también incluye medidas relacionadas con el censo de 2030, un tema especialmente relevante para las comunidades inmigrantes. Tras el censo de 2020, Nueva York perdió un escaño en la Cámara de Representantes por un margen mínimo. El gobierno estatal iniciará de manera anticipada la planificación del próximo conteo poblacional para evitar subregistros que afecten la representación política y la asignación de fondos federales para programas como Medicaid, SNAP y WIC, de los cuales dependen muchas familias inmigrantes. El plan contempla la creación de una comisión estatal del censo, campañas de educación pública y el fortalecimiento de la colaboración con organizaciones comunitarias para generar confianza en comunidades tradicionalmente difíciles de contar.
Las propuestas anunciadas incluyen además programas para mitigar el impacto de aranceles federales en agricultores del estado, reforzar la asistencia a prestatarios de préstamos estudiantiles, fortalecer la red de seguridad alimentaria y proteger el acceso a atención médica asequible. En este último punto, la gobernadora instruyó al Departamento de Salud a tomar medidas para preservar la cobertura de millones de residentes ante recortes federales, incluyendo la protección de planes de salud esenciales que benefician de manera significativa a inmigrantes y trabajadores con bajos ingresos.
El paquete se completa con iniciativas para reducir el costo de medicamentos mediante negociaciones directas con fabricantes y con propuestas para garantizar el acceso a vacunas basadas en criterios científicos, ante cambios federales que, según el estado, generan incertidumbre en escuelas y sistemas de salud.
En conjunto, las propuestas delinean una estrategia estatal para limitar el impacto de decisiones federales en la vida cotidiana de los residentes de Nueva York, con un enfoque particular en la protección de los inmigrantes, el respeto a los derechos constitucionales y la preservación del acceso a servicios esenciales para las familias del estado.
