La polémica parece “estar servida” en el municipio de Southampton, donde por estos días se discute una propuesta de cambio al código municipal, que de ser aprobada, prohibiría el uso de sopladores de hojas a gas, en el horario de verano, es decir entre el 20 de mayo y el 20 de septiembre, bajo amenaza de multa e incluso cárcel, para quienes infrinjan la norma.
Defensores y detractores de la medida, se dieron cita el martes pasado, en una reunión virtual de la Junta Municipal, para medirle el pulso a la propuesta. Los que defienden la prohibición argumentan que se trata básicamente de un tema ambiental, en el que la emisión de gases y el ruido que producen los aparatos al funcionar, saltan como las principales razones de ataque.
“El condado de Suffolk tiene uno de los aires más contaminados del estado”, dijo Mark Habuner del Consejo Ambiental de North Fork.
Con gráficos en la mano, Dorothy Reilly, activista y defensora del medio ambiente, intentó demostrar el incremento de emisiones de gas carbónico que ha habido en los últimos años en la región, a niveles dañinos. Una constante que continúa en aumento, dijo.
“Seguimos subiendo y subiendo”, aseguró Reilly.
Quienes se oponen al cambio en el estatuto municipal y defienden el uso de los sopladores, son en su mayoría propietarios de empresas de jardinería y landscaping, para quienes estos aparatos constituyen una de las herramientas de trabajo más importantes del día a día.
“Cuesta un 40 por ciento más usar sopladores eléctricos porque son máquinas menos potentes”, dijo Katie Brown de la Asociación de Contratistas del East End. Y añadió, recogiendo el sentir de las compañías agremiadas en su organización, que es injusto señalar a los sopladores de hojas como contaminadores, cuando se han descuidado otros factores como los cambios en los patrones de tráfico, con los cuales también se reducirían las emisiones dañinas.
El impacto económico de hacer una transición a sopladores eléctricos, es otro de los argumentos que pusieron sobre el tapete algunas de las personas que intervinieron durante la junta.
“Las baterías de los sopladores eléctricos no duran un año y cuestan más de 300 dólares”, dijo David Celi, electricista de profesión. “La batería no es la panacea. No hace el trabajo que todos creen que hace”.
“Tengo que usar un compresor que es tan ruidoso como un soplador de hojas de gasolina para cargar las baterías”, añadió el contratista Joseph Carbone.
Pero entre tanta discusión, a favor y en contra, quienes tocaron el tema más álgido y de mayor impacto para nuestra comunidad, fueron las directoras ejecutivas de la organización Ola of Eastern Long Island, Minerva Pérez y Sandra Dunn, para quienes la medida castigaría de forma desproporcionada al gremio de trabajadores, quienes serían en últimas, los que deberían acarrear con la sanción de 1,000 dólares o los 15 días de cárcel, si son sorprendidos usando los polémicos sopladores.
“Esta es una pena increíblemente dura”, dijo Dunn.
“¿Dónde es razonable que un delito de jardinería sea castigado con tiempo en la cárcel? En ningún lugar!”, dijo Pérez.
Para OLA, una medida de este tipo no puede aplicarse sin que se ponga en marcha un trabajo previo de educación con la comunidad trabajadora, que sería la principal afectada con la disposición. Solicitó además que las encuestas sobre el tema se publiquen en español para que todos puedan manifestar su opinión, en igualdad de condiciones.
La participación de Ola en la junta dio resultados de inmediato.
“La buena noticia es que después de la reunion el pueblo se puso en contacto con OLA para comunicar que enmendarían las sanciones. No sabemos cómo será eso, pero estamos felices de que estén viendo el peligro en dicha legislación”, dijo OLA a través de una comunicación en sus redes sociales. “OLA pedirá a todas las ciudades y pueblos del East End que revisen los CARGOS PENALES (tiempo en la cárcel) por cualquier delito similar en jardinería”.
“Nunca debemos olvidar que los jardineros fueron considerados empleados ESENCIALES durante el inicio de la pandemia para que los propietarios pudieran tener sus céspedes bien cuidados”, agregó la organización.
El próximo martes 8 de marzo, a la 1 de la tarde, se realizará una nueva audiencia en la sede del ayuntamiento de Southampton, para conocer el desenlace de esta polémica y definir el rumbo de la medida. La reunión será de carácter presencial por lo que se invita a la comunidad a participar y hacer sentir su voz.
