Los herederos de dos personas que murieron en el incendio de la casa de Second Street en 2021, han presentado una demanda contra el municipio de Riverhead y la dueña de la propiedad, alegando que la “negligencia” y la “imprudencia” de ambas partes en el mantenimiento de la seguridad de la vivienda, contribuyeron a la muerte de las víctimas.
La demanda, presentada en la Corte Suprema del condado de Suffolk, el 8 de febrero, argumenta que Carmela Cannella, la propietaria y arrendadora de la vivienda ubicada en el 46 de East Second Street, fue “negligente, descuidada e imprudente al causar la muerte por negligencia” de las dos víctimas, al no inspeccionar y/o mantener los sistemas de seguridad contra incendios en el hogar. Cannella tampoco cumplió con los requisitos de seguridad obligatorios y no “se aseguró de que las instalaciones tuvieran un medio funcional de salida y escape para los residentes del tercer piso” en caso de incendio, según la denuncia.
La denuncia alega que el Pueblo de Riverhead “no hizo cumplir las citaciones e infracciones antes mencionadas” emitidas a la propiedad por no tener permisos de alquiler, “y/o no hizo un seguimiento para garantizar que las alarmas de detección de humo/fuego fueran operativas y que hubiera unos medios adecuados de salida y escape desde el tercer piso, en caso de incendio”.
Un incendio nocturno envolvió la histórica casa de tres pisos en East Second Street la noche del 16 de noviembre de 2021, después de que las colillas de cigarrillos recientemente apagadas y desechadas en un recipiente de plástico en el porche, provocaran la conflagración, según la policía del condado de Suffolk. Los habitantes de los dos apartamentos del segundo piso y Cannella, quien vivía en el primer piso, escaparon, pero la familia de guatemaltecos que vivía en el tercer piso, pereció.
Zonia Dinora Rivera Mendoza, de 41 años, sus hijos, Carlos Cifredo Peñate Rivera, de 25, y Andrea Isamar González Rivera, de 16, y sus sobrinos, Duglas Edgardo Rivera Aguirre, de 27, y Carlos Alberto Ramos Aguirre, de 24 murieron por inhalación de humo al quedar atrapados en un dormitorio, con su única vía de escape, una escalera de madera, destruida por el fuego, según un informe del Departamento de Policía del Condado de Suffolk.
La demanda fue presentada por Jason Hernández, el administrador del patrimonio de Rivera Mendoza; Matthew Kiernan, como administrador público del patrimonio de Ramos Aguirre; y Hernández individualmente. Los demandantes buscan daños monetarios; los tres demandantes están representados por la firma Davis & Ferber, LLP de Islandia.
El municipio de Riverhead entregó tres citaciones penales a Cannella solo tres semanas antes del incendio, porque no tenía permisos de alquiler, según los registros de aplicación del código. Los permisos de alquiler anteriores emitidos a Cannella para los tres apartamentos, emitidos por última vez en 2018, habían expirado el 7 de marzo de 2020. El código de la ciudad requiere inspecciones de seguridad, cumplimiento del código de construcción y de incendios antes de que se puedan emitir los permisos y en ese momento habían expirado después de dos años.
Cannella nunca respondió a los avisos de renovación, y los intentos de comunicarse con la mujer, quedaron sin respuesta durante más de un año y medio, según las notas hechas por los investigadores encargados de hacer cumplir el código. El abogado de Cannella en el asunto, Edward Burke Jr., le dijo a RiverheadLOCAL que su cliente no pudo renovar los permisos de manera oportuna debido a problemas de salud personal y debido a la pandemia de coronavirus.
La denuncia acusa al municipio de “no emitir infracciones al dueño de dicho local”. Eso permitió que “el equipo de detección de incendios en la edificación permaneciera dañado, dilapidado y en mal estado, debido a la prolongada falta de mantenimiento que creó una condición peligrosa y riesgosa en dicha vivienda multifamiliar”.
En su declaración a la policía del condado de Suffolk, Cannella les dijo a los investigadores que el apartamento del tercer piso tenía detectores de humo cableados; la demanda alega que las alarmas contra incendios y humo “no funcionaron, ni existieron, para advertir de manera oportuna a los ocupantes del apartamento del tercer piso, sobre un incendio inminente”.
Burke no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.
La denuncia también culpa tanto a la dueña de la propiedad como al pueblo, por no asegurarse de que el edificio tuviera un “medio funcional de salida y escape para los residentes del tercer piso y otra protección para los residentes en caso de incendio”.
Una investigación de RiverheadLOCAL en marzo de 2022 descubrió que el apartamento del tercer piso, donde murieron las cinco víctimas del incendio, no tenía dos vías de escape independientes, como lo exige la Ley de Residencia Múltiple del Estado de Nueva York.
El abogado de la ciudad, Erik Howard, dijo que los oficiales de seguridad contra incendios de la ciudad no buscaron un segundo medio de salida y que una carta de uso preexistente emitida por la ciudad en 2009 eximió al edificio de ese requisito.
El abogado del municipio de Riverhead, Erik Howard, no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios para este artículo.
Sin embargo, los registros de la ciudad no presentan una imagen clara del estado de uso preexistente del edificio, en lo que respecta al apartamento del tercer piso y contenían numerosas inconsistencias. Los registros también muestran que la ciudad de Riverhead emitió permisos de alquiler para el apartamento del tercer piso durante más de 20 años, a pesar de que los registros de impuestos municipales tienen la estructura catalogada como una vivienda para tres familias que contiene apartamentos en el primer y segundo piso únicamente, y a pesar de la falta de una segunda vía de salida para el apartamento del tercer piso.
La junta de la ciudad de Riverhead tomó medidas para evitar que ocurrieran incidentes similares y presentó una ley local para reformar su código de unidades de vivienda en alquiler. La enmienda, que fue aprobada en junio y entra en vigencia en el nuevo año, requiere que los propietarios que alquilen casas de tres pisos o más tengan un sistema de rociadores, una segunda vía de salida y un sistema de alarma y detección de humo interconectado. La ley local también redujo el plazo del permiso de alquiler de la ciudad de dos años a un año para permitir que los funcionarios de la ciudad inspeccionen las viviendas de alquiler con mayor frecuencia para verificar el cumplimiento de los códigos de seguridad contra incendios.
El expediente judicial no indica si los demandados ya han recibido la notificación legal de la demanda.
