Al cumplirse 12 años de vigencia del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, más conocido como DACA, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dispuso una nueva acción ejecutiva que podría beneficiar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados en todo el país.
El ambicioso plan migratorio, dado a conocer este martes en el aniversario de DACA, ofrece estatus legal a aquellos inmigrantes indocumentadas que llevan 10 años
en el país, están casados legalmente con un ciudadano americano, carecen de antecedentes criminales y han pagado juiciosamente sus impuestos.
La medida permitirá que los cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos americanos, soliciten la residencia legal permanente, sin tener que salir de territorio estadounidense.
De acuerdo con la legislación federal actual un inmigrante indocumentado que busque su residencia tras casarse con un ciudadano estadounidense debe solicitar primero la libertad condicional o parole, antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría obligarles a abandonar los Estados Unidos, para esperar la residencia desde su país de origen. Un hecho que también podría afectar a los inmigrantes en sus trabajos y crear separación familiar e incertidumbre sobre si serán autorizados o no, para regresar a territorio estadounidense.
La orden ejecutiva beneficiaria a unas 500 mil familias estadounidenses y a unos 50 mil hijos de inmigrantes menores de 21 años que no tengan ciudadanía y cuyo progenitor esté casado con un ciudadano estadounidense.
El anuncio del presidente Biden se da a 5 meses de las elecciones presidenciales y semanas después de endurecer las medidas
en la frontera entre Estados Unidos y México para limitar el ingreso irregular de migrantes que buscan pedir asilo.
Para ser elegibles, para esta nueva disposición migratoria, los inmigrantes indocumentados deberán demostrar que están físicamente presentes en Estados Unidos al 17 de junio de 2024 o antes.
Una vez aprobada la petición caso por caso por el Departamento de Seguridad Nacional, los beneficiarios dispondrán de un plazo de tres años para gestionar la residencia legal permanente
