Tal y como lo había anunciado en la audiencia pública celebrada el 7 de mayo pasado, la supervisora de East Hampton, Kathee Burke-González, presentó este martes la resolución para adoptar la ley de Seguridad Pública y Rendición de Cuentas, impulsada por la organización OLA Of Eastern Long Island y ayer mismo, la junta municipal le dijo sí a la legislación, convirtiéndola en una realidad.
Visiblemente conmovida, la supervisora dijo que esta resolución se basa en la premisa de que la comunidad de East Hampton es el hogar de todos sus residentes, incluidos los inmigrantes.
“Vemos a residentes que viven con miedo: tienen miedo de ir a trabajar, miedo de ir al médico, miedo de ir a la iglesia, miedo de llevar a sus hijos a la escuela, miedo de pedir ayuda o de llamar a la policía cuando lo necesitan”, dijo la Supervisora Burke-González. “Esto debería partirnos el corazón, porque no se trata de miedos abstractos. Se trata de madres y padres que luchan por salir adelante día a día. Se trata de niños que escuchan las conversaciones en la mesa y se preguntan si todo va a estar bien. Se trata de personas que trabajan arduamente, crían a sus familias, cuidan de sus seres queridos y se entregan a esta comunidad todos y cada uno de los días. Son amigos, son compañeros de trabajo, son vecinos; son parte del tejido mismo de East Hampton”.
La funcionaria añadió que la aprobación de esta ley, es una forma de demostrarle a esa comunidad inmigrante que no está sola.
“Hoy, queremos que escuchen esto con total claridad: no están solos y este es su lugar. No deberían tener que elegir entre buscar ayuda y ceder ante el miedo; no deberían tener que dudar antes de entrar a una iglesia, a una escuela o al Ayuntamiento. No deberían tener que preguntarse si es seguro pedir ayuda en la comunidad que consideran su hogar”, agregó. “El gobierno local no puede eliminar todos los miedos, pero podemos escuchar, podemos estar presentes, podemos asegurarnos de que la gente sepa que importa y podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que cada residente se sienta seguro y protegido. Esta es una comunidad segura; un solo hogar y un lugar donde cada familia merece sentirse a salvo”.
Con la decisión del martes, el municipio de East Hampton se convierte en la segunda administración local en darle luz verde a esta disposición, luego de que East Hampton Village hiciera lo propio el pasado 22 de abril. Un precedente importante para OLA Of Eastern Long Island, que se ha dado a la tarea de buscar que todos los gobiernos locales adopten este conjunto de normas, para fortalecer la transparencia, la confianza pública y la relación entre la comunidad y el gobierno local, en momentos en que esos vínculos se han visto erosionadas por las acciones de las agencias federales en la región.
“Hoy tenemos esperanza”, expresó Minerva Perez, directora ejecutiva de OLA, en un comunicado, tras conocer la decisión del municipio de East Hampton. “Nuestra comunidad demostró lo que es posible cuando las personas se unen con valentía y compasión. Esta ley trata sobre la confianza: garantizar que las familias se sientan seguras al pedir ayuda, participar en la vida cívica y vivir su día a día sin miedo”.
La legislación adoptada en East Hampton está basada en la propuesta redactada por el ex-asambleista estatal Fred Thiele, miembro de la junta directiva de OLA y en colaboración con la directora ejecutiva de la organización. La medida fue aprobada con algunas revisiones del municipio.
En qué consiste la “Resolución 25” y cómo apoya a la comunidad local
La norma establece como intención legislativa reconocer la autoridad del gobierno federal para promulgar y hacer cumplir las leyes de inmigración, conforme a la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, también subraya que bajo el sistema federal, los estados y gobiernos locales conservan facultades propias, especialmente a través del llamado “poder policial”, que les permite proteger la seguridad pública, el orden y el bienestar de sus comunidades.
En ese contexto, la nueva ley local sostiene que la labor de la policía local depende en gran medida de la confianza de los residentes, el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el ejercicio de la autoridad. De acuerdo con el texto, cuando el temor o la incertidumbre generados por operativos federales de inmigración llevan a miembros de la comunidad a evitar el contacto con instituciones públicas, se debilita la seguridad general, ya que disminuye la denuncia de delitos y la cooperación con las autoridades.
Entre los puntos más relevantes, la nueva ley le prohibe al municipio participar en acuerdos con el gobierno federal que deleguen funciones de aplicación de leyes migratorias a nivel local, como los contemplados en la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Asimismo, se establece que, salvo que exista una orden judicial o una obligación legal expresa, el personal municipal no podrá utilizar recursos del pueblo —incluyendo personal, vehículos, instalaciones, fondos o bases de datos— para investigar, detener, interrogar, arrestar o transportar a personas con el único propósito de hacer cumplir leyes migratorias civiles.
Otro componente central de la ley es la creación de un grupo de trabajo comunitario, concebido como un espacio de diálogo y asesoría. Este grupo estaría integrado por hasta doce miembros con derecho a voto, designados por la junta municipal, incluyendo representantes de distritos escolares, el clero, profesionales de la salud, organizaciones sin fines de lucro, bancos de alimentos, un abogado con experiencia en leyes migratorias, especialistas en servicios sociales, un defensor de la juventud latina y un empresario latino.
Además, el grupo contaría con miembros ex oficio, como el jefe del departamento de policía de East Hampton, el supervisor del municipio, el abogado del ayuntamiento y el director de servicios humanos. Los integrantes designados servirían por períodos de un año.
Entre sus funciones, el grupo de trabajo deberá reunirse según sea necesario para abordar preocupaciones de la comunidad relacionadas con prácticas federales de inmigración dentro del municipio, así como emitir recomendaciones al ayuntamiento sobre medidas apropiadas para proteger la seguridad pública. La junta municipal, por su parte, estaría obligada a responder a dichas recomendaciones en un plazo de 30 días.
La nueva ley también obliga a la policía local a reportar de manera específica cuando responda a incidentes relacionados con operativos federales de inmigración. En esos casos, los oficiales deberán documentar el incidente conforme a los procedimientos del departamento y notificarlo al supervisor municipal dentro de un plazo de 24 horas. Posteriormente, el supervisor deberá informar a todos los miembros de la junta municipal en el mismo periodo y proporcionar la documentación correspondiente a más tardar en la siguiente reunión regular. Estos informes también deberán ponerse a disposición del público y del grupo de trabajo, en cumplimiento con la ley estatal de acceso a la información.
Otro aspecto incluido en la ley es la facultad de los agentes de policía locales para solicitar identificación a personas que participen en acciones de cumplimiento migratorio dentro del municipio. Esta medida tiene como propósito prevenir delitos como la suplantación de identidad, conforme a lo establecido en la legislación penal estatal.
Según OLA ley nueva ley establece estándares claros sobre la cooperación entre las agencias policiales locales y las autoridades federales de inmigración, al tiempo que refuerza protecciones para que los residentes puedan interactuar de manera segura con escuelas, proveedores de salud, tribunales, servicios de emergencia y oficinas gubernamentales
La ley debe entrar en vigor inmediatamente tras su registro oficial y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2029, salvo que alguna de sus disposiciones sea declarada inválida por un tribunal competente, en cuyo caso el resto del texto continuaría en efecto.
