Una corte federal emitió este martes una orden que bloquea temporalmente una medida de la administración Trump que habría dejado sin autorización de trabajo a miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, (TPS, por sus siglas en inglés), provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania.
La decisión judicial, emitida en el caso Venezuelan Association of Massachusetts, et al. v. USCIS, et al., impide que la política entre en vigor hoy 22 de julio, mientras el tribunal analiza si la medida cumple con la ley.
La Alianza Nacional del TPS celebró el fallo y aseguró que brinda un alivio inmediato a miles de familias que enfrentaban la posibilidad de perder su fuente de ingresos.
“La decisión de hoy es un recordatorio de que detrás de cada caso de TPS hay una familia. Detrás de cada permiso de trabajo hay un padre o una madre tratando de mantener a sus hijos. Y detrás de cada fecha límite hay un niño preguntándose si su familia seguirá unida. Después de 25 años, nuestras familias merecen algo más que alivio temporal; merecen seguridad permanente. Nuestras familias pertenecen aquí”, expresó la organización en un comunicado.
José Palma, coordinador de la “National TPS Alliance”, afirmó que aunque la decisión evita un daño inmediato, no resuelve el problema de fondo.
“Esta decisión brinda el alivio que tanto necesitaban miles de familias que despertaron hoy con el temor de perder su sustento de un día para otro. Aunque agradecemos que la corte haya intervenido para evitar un daño inmediato, esto sigue siendo un alivio temporal. Las familias no deberían depender de órdenes judiciales de emergencia para poder seguir trabajando y manteniendo a sus hijos”, señaló.
Miguel Flores, es uno de los líderes locales, que ha luchado a través de los años por el TPS y quien vive en carne propia los “ires y venires” de esta batalla, marcada por la incertidumbre, los plazos y las amenazas. El dice que si nada extraordinario sucede, esta administración lo dejaría indocumentado y maniatado después de más de dos décadas de vivir en los Estados Unidos.
“Después de 26 años en este país me tocaría hacer maletas y regresar”, dijo. “Se hizo lo que se tenía que hacer. Me da pena que hay mamás y papás que están desesperados, con hijos nacidos acá, tienen sus negocios y algunos sin la tarjeta del TPS están perdiendo sus trabajos. Como comunidad migrante pediríamos una reforma migratoria para todos los que hemos hecho las cosas bien”.
La fecha clave sigue siendo el 9 de septiembre
La organización recordó que el fallo no extiende el TPS para El Salvador, cuyo período de protección está programado para expirar el 9 de septiembre de 2026.
En las próximas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional deberá decidir si renueva o pone fin a la protección para más de 170,000 salvadoreños con TPS, así como para los más de 150,000 menores, ciudadanos estadounidenses, que tienen al menos un padre beneficiario de este programa.
“El verdadero plazo sigue siendo el 9 de septiembre”, advirtió Palma.
“La decisión de hoy da un poco de respiro a las familias, pero no responde la pregunta que miles de padres e hijos siguen haciéndose: ¿Podremos permanecer juntos? Después de más de dos décadas contribuyendo a este país, las familias merecen certeza y no otro capítulo de incertidumbre.”
La Alianza Nacional del TPS pidió al Departamento de Seguridad Nacional extender la designación del TPS para El Salvador y exhortó al Congreso a aprobar una solución legislativa permanente para quienes han vivido durante décadas bajo este programa.
Según la organización, durante más de 25 años los beneficiarios salvadoreños del TPS han trabajado, pagado impuestos, abierto negocios, comprado viviendas y formado familias en Estados Unidos, cumpliendo con todos los requisitos del programa y renovando su estatus cada vez que ha sido necesario.
“El TPS nunca fue diseñado para convertirse en un ciclo permanente de renovaciones temporales”, afirmó Palma.
“Después de 25 años, el Congreso debe finalmente otorgar la residencia permanente a familias que ya han demostrado que pertenecen aquí. Mantener unidas a las familias no solo es lo correcto, sino que fortalece nuestras comunidades, nuestra fuerza laboral y nuestra economía.”
Cecilia Martínez. líder regional y defensora de los derechos de los beneficiarios del TPS, hizo un llamado a la comunidad de “tepesianos”, para que no desista en su lucha y en la búsqueda de alternativas hacia una solución definitiva.
“Mi mensaje es que no pierdan la fe que Dios siempre está de nuestro lado, pero también hay que luchar y buscar las vías necesarias para poderse legalizar se que no es fácil vivir en la incertidumbre por que yo lo viví con mi familia, pero gracias ala Alianza National y su demanda en el 9 distrito en ese entonces, me dio el tiempo necesario para seguir con mi proceso de ajuste de estatus por eso invito a todos los Tepecianos que se unan a la lucha para poder seguir ganando tiempo y legalizar a más familias y después seguir apoyando a los que no tienen un estatus migratorio”, dijo Martínez, en diálogo con Tu Prensa Local. “La vida es de luchas y recordemos que Dios nunca nos abandona, pero no nos quedemos sentados, nada es magia, hay que organizarnos”.
Mientras continúan los procesos judiciales, la organización recomendó a los beneficiarios del TPS mantenerse informados únicamente a través de abogados acreditados y organizaciones legales confiables, y evitar tomar decisiones basadas en rumores o información falsa.
Martinez le pidió a la comunidad que imprima el documento del fallo de la corte y que lo mantenga a mano, para que lo muestren a sus empleadores en caso de que sea necesario.
“Las personas tendrían que mostrar este documento, lo más importante está en la última página donde dice las fechas y todo eso, porque la mayoría de las personas iban a perder sus empleos empezando este día, incluso a mi ya me habían escrito varias personas diciendo que les habían dado hasta el día miércoles, algunas habían tomado sus vacaciones para no perder sus trabajos y poder regresar si por casualidad había una decisión de la corte. La próxima audiencia es el 5 de agosto en Boston, sobre este caso”.
El documento completo puede ser descargado, haciendo click aquí.
El caso fue presentado por la Venezuelan Association of Massachusetts, la National TPS Alliance, el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), el sindicato Service Employees International Union (SEIU) y 32BJ SEIU, con representación legal de Democracy Forward, el National Day Laborer Organizing Network y ASAP.
