La Diócesis Católica de de Rockville Center ha presentado una petición de bancarrota voluntaria, anunció hoy el obispo John Barres.
La diócesis, que sirve a más de 1.4 millones de católicos romanos de Long Island, busca una reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos.
Se han presentado 209 demandas contra la Diócesis de Rockville Center en el último año, desde la aprobación de la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, que permite a los adultos que fueron víctimas de agresión sexual cuando eran niños presentar demandas contra presuntos abusadores o entidades que los protegen. La nueva ley abrió una ventana de oportunidad de un año para presentar una demanda. El estado extendió ese periodo por un año más debido a la pandemia.
Barres anunció la declaración de quiebra en un mensaje de video publicado hoy en la página de internet de la diócesis. En el video, Barres quiere asegurar a los católicos de Long Island que la declaración de quiebra no afectaría a las parroquias y escuelas locales, ya que son entidades legales separadas y por lo tanto no están incluidas en la presentación.
Dijo que desde que se presentaron las demandas el año pasado y la carga financiera que conllevan, quedó “claro … que la diócesis no podía continuar llevando a cabo sus misiones espirituales, caritativas y educativas”.
Los recursos financieros de la diócesis ya se habían agotado anteriormente con el Programa Independiente de Reconciliación y Compensación, creado por la diócesis en 2017, que Barres dijo ya había “ayudado a aproximadamente 350 sobrevivientes de abuso sexual”.
“Durante este período de reestructuración, la mayoría de las operaciones y ministerios diocesanos continuarán sin interrupción”, dijo Barres. “Anticipamos que la liquidez financiera actual y futura será suficiente para financiar las operaciones y servicios normales durante este proceso de reestructuración”.
Barres dijo que cualquier acuerdo hecho como resultado de la reestructuración “no incluirá ninguna donación del ofertorio de la parroquia recolectada durante la misa ni ninguna contribución a la Campaña de Ministerios Católicos”. El acuerdo se pagará con los activos de la diócesis y una póliza de seguro que mantienen.
El abogado Jeff Anderson, cuya firma ha presentado 73 demandas de sobrevivientes contra la Diócesis de Rockville Center desde la aprobación de la Ley de Víctimas Infantiles, dijo que todavía “hay muchas más” demandas que pueden ser hechas “y el obispo lo sabe”.
La diócesis, dijo Anderson, presentó una demanda para revocar el estatuto por motivos constitucionales, la cual perdió. Presentó otra demanda que busca exponer las identidades de los demandantes, quienes según la ley pueden presentarse de forma anónima como “John Doe” o “Jane Doe”, y también perdió esa demanda, dijo Anderson.
Con la declaración de la bancarrota, todas las demandas ahora ya no se procesarán en el tribunal estatal, si no que se han puesto bajo la supervisión del tribunal de quiebras, dijo Anderson en una conferencia de prensa esta tarde.
La Diócesis de Rockville Center es la tercera diócesis Católica en el estado de Nueva York en solicitar protección por bancarrota desde que entró en vigencia la Ley de Víctimas Infantiles del Estado de Nueva York.
“Es parte de una estrategia coordinada entre las ocho diócesis católicas del estado de Nueva York”, dijo Anderson.
La estrategia es evitar el proceso de descubrimiento del juicio que requeriría que los obispos divulguen los archivos y las historias de todos los acusados, algo que los obispos han mantenido en secreto durante muchos años, dijo Anderson. También quieren mantener ocultas las historias reales empleadas por los obispos católicos para mantener el secreto sobre los infractores y evitar que se hagan completamente responsables ante la ley.
“Los obispos católicos de Nueva York han utilizado repetidamente el Centro de la Diócesis de Rockville como campo de batalla para proteger a los sacerdotes depredadores y a quienes los protegieron, mientras intimidaban a los sobrevivientes de abuso sexual infantil e intentaban despojarlos de sus derechos previstos en la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York,” dijo Anderson.
El abogado exigió que Barres divulgue los nombres de todos los clérigos acusados de conducta sexual inapropiada y las identidades de todos los funcionarios de la iglesia en la diócesis, pasados y presentes, que fueron “cómplices de ocultar las historias e identidades conocidas al público, los feligreses y las fuerzas del orden”.
Foto portada: El obispo John Barres, anunciando la declaración de quiebra de la Diócesis de Rockville Center hoy.
