La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el martes un escrito legal en el que se opone a las políticas federales de inmigración que permiten arrestos en tribunales de inmigración, argumentando que estas prácticas socavan la seguridad pública e intimidan a las comunidades inmigrantes.
En un escrito presentado ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, James pidió al tribunal que bloquee las políticas federales que autorizan arrestos en tribunales de inmigración y permiten al gobierno desestimar casos de inmigrantes.
James señaló que dichas políticas violan la ley al generar miedo que disuade a los inmigrantes de participar en el sistema de justicia, dificultando que los fiscales responsabilicen a los delincuentes y negando a las víctimas el acceso a los tribunales.
“Los tribunales están dedicados a la búsqueda de justicia, no al hostigamiento selectivo ni a los arrestos”, dijo James en un comunicado. “Con estos crueles e ilegales arrestos en los tribunales, el gobierno federal está usando el miedo como arma para empujar a los inmigrantes a las sombras, separar familias y poner en riesgo la seguridad de todos.”
La fiscal general argumentó que cuando los inmigrantes temen comparecer ante un tribunal de inmigración, también se muestran reacios a testificar en tribunales estatales y locales, solicitar órdenes de protección contra abusadores o participar en otros procesos legales. Este efecto paralizante, afirmó, debilita la seguridad pública de todos los neoyorquinos.
James señaló que estas políticas empujan a los inmigrantes “a las sombras”, donde el miedo les impide denunciar delitos, buscar atención médica o acceder a otros servicios. Citó el caso de un niño que murió luego de que sus padres retrasaran la búsqueda de atención médica por temor a que el personal hospitalario los denunciara a las autoridades migratorias.
El escrito subrayó el impacto en la población inmigrante de Nueva York, que incluye a unos 640,000 residentes indocumentados, a quienes James describió como esenciales para la fuerza laboral y la base impositiva del estado. Argumentó que los arrestos en tribunales separan a padres de hijos y generan traumas duraderos, especialmente en los niños, quienes pueden enfrentar ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático.
James recordó que Nueva York ya había combatido políticas similares durante la primera administración Trump. En 2020, logró una decisión judicial que impedía los arrestos civiles de inmigración dentro y en los alrededores de los tribunales estatales, y posteriormente Nueva York codificó esas protecciones mediante la Ley de Protección de Nuestros Tribunales.
La fiscal general pidió al tribunal suspender la aplicación de las políticas federales mientras continúa el litigio.
