Un juez federal en Nueva York bloqueó este miércoles la medida de “carga pública” del gobierno del presidente Donald Trump, impidiendo su implementación hasta que no termine la emergencia de salud pública causada por la pandemia de coronavirus.
Según el juez federal del distrito sur de Nueva York George Daniels, hay una “amplia evidencia” de que esta regla disuade a los inmigrantes a hacer uso de los servicios de salud públicos, e incluso a hacerse la prueba de Covid-19, lo que pone en peligro sus vidas, además de amenazar los esfuerzos de contener la propagación del virus.
“Como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro su salud y seguridad personal, o su estatus migratorio,” señaló el magistrado en su resolución.
La nueva regla de carga pública, que entró en vigor el pasado 24 de febrero, determina si la persona que solicita una residencia permanente, o ciertas visas para entrar al país, ha dependido o va a depender a largo plazo de beneficios públicos proveídos por el gobierno lo cual podría llevar a la denegación de la residencia legal en el país.
Según organizaciones defensoras de inmigrantes —además de doctores y otro personal médico, y funcionarios estatales y locales que proveyeron su testimonio en la demanda— esta controversial medida solo ha llevado a que muchas personas hayan desistido de solicitar ayudas públicas por miedo, lo que ha generado una mayor desestabilización en los hogares de muchas familias inmigrantes.
“Tenemos la obligación de proteger la salud y el bienestar de todas las personas que viven en este país, independientemente de su estado migratorio,” dijo Cheryl Keshner, defensora comunitaria y paralegal senior de la organización Empire Justice en una entrevista.
“Muchos inmigrantes nos han protegido como trabajadores esenciales durante esta pandemia, pero han tenido miedo de buscar ayuda cuando la necesitaban. Con esta decisión, todos los inmigrantes deben saber que tienen el derecho legal de acceder a la atención médica y solicitar otros servicios si los necesitan. Agradecemos al Fiscal General Tish James, al Juez Daniels y a todos los defensores que han luchado tanto para anular la cruel regla de carga pública.”
La victoria legal significa que la población inmigrante puede acceder a beneficios como el programa de salud de Medicaid, el programa de nutrición WIC, el programa de asistencia de nutrición suplementaria SNAP, asistencia para la vivienda, y otros muchos programas y servicios, sin temor debido a su estatus migratorio o los casos pendientes que puedan tener.
En abril, los fiscales generales de Nueva York, Connecticut y Vermont le pidieron a la Corte Suprema que reconsiderara su decisión de permitir que la regulación de la carga pública permaneciera en vigencia, diciendo que las restricciones estaban obstaculizando los esfuerzos a nivel nacional para contener el coronavirus. El tribunal superior negó su solicitud, pero dejó abierta la posibilidad de que los estados buscaran alivio en los tribunales inferiores.
“Hemos conseguido una orden judicial para bloquear la entrada en vigencia de la regla de Carga Pública durante la pandemia de COVID19,” tuiteó la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “Esta es una gran victoria para proteger la salud de nuestras comunidades en Nueva York y en toda la nación.”
En un fallo legal diferente, Daniels también impidió que el Departamento de Estado, que supervisa el procesamiento de visas en el extranjero, implemente su propia versión de la regla de carga pública.
Para obtener más información puede contactar a Empire Justice al teléfono 631-650-2317 o a la Oficina para Nuevos Americanos al 1-800-566-7636
