La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó dos leyes que amplían los requisitos para guardar las armas de manera segura y refuerzan las restricciones para impedir que las personas que tienen prohibido poseerlas puedan comprar municiones.
Una de las medidas, conocida como la “Ley de Francesco”, lleva el nombre de un adolescente de 17 años que murió por suicidio en 2021 después de acceder a una escopeta que no estaba asegurada. La firma se realizó durante la cena benéfica anual de la organización Neoyorquinos contra la Violencia Armada o New Yorkers Against Gun Violence, al cumplirse cinco años de su muerte.
“Mantener seguros a los neoyorquinos es mi principal prioridad”, afirmó Hochul. “Hoy me enorgullece fortalecer aún más nuestras leyes para mantener las armas y las municiones fuera de las manos equivocadas y hacer que nuestros niños y nuestras comunidades estén más seguros”.
La Ley de Francesco amplía las obligaciones de almacenamiento seguro y, según el comunicado de la gobernación, exige que los propietarios guarden las armas en un recipiente adecuado y cerrado con llave cuando no estén siendo utilizadas. También establece sanciones más severas cuando menores de edad o personas sin la licencia correspondiente acceden a armas que no fueron aseguradas.
La medida cierra una excepción en la legislación estatal que permitía dejar armas sin asegurar en viviendas donde no residían menores ni personas legalmente impedidas de poseerlas. Con este cambio, la obligación de almacenarlas de manera segura deja de depender de quién vive en la casa.
Después de la muerte de Francesco, su madre, Diana Cochran, ayudó a establecer la Fundación Francesco y se convirtió en una de las principales defensoras de leyes más estrictas de seguridad con las armas, con el propósito de evitar que otras familias sufrieran una pérdida similar.
El senador estatal Erik Bottcher, uno de los promotores de la iniciativa, destacó el esfuerzo de Cochran y recordó que el acceso a un arma durante una crisis puede tener consecuencias irreversibles.
“Un arma bajo llave puede marcar la diferencia entre una vida perdida y una vida salvada”, expresó Bottcher. “No podemos traer a Francesco de regreso, pero gracias al valor de su madre y al liderazgo de la gobernadora Hochul, otras familias podrían evitar ese dolor”.
El asambleísta Khaleel M. Anderson, también impulsor de la ley, señaló que la medida responde tanto al trabajo de la familia como a la responsabilidad de los legisladores de prevenir tragedias.
“La Ley de Francesco es un testimonio del poder de la lucha de una familia y de la responsabilidad que tenemos como legisladores de proteger a nuestras comunidades y evitar que otra familia experimente una pérdida como esta”, afirmó Anderson.
La segunda ley refuerza las verificaciones de antecedentes para comprar municiones, al alinearlas con los requisitos para adquirir armas de fuego. La disposición aclara que las personas que tienen prohibido legalmente poseer un rifle o una escopeta tampoco pueden comprar municiones.
La restricción también comprende a quienes están sujetos a una orden de protección por riesgo extremo, incluida una orden temporal. Estas órdenes buscan impedir el acceso a armas de personas que representan un riesgo para sí mismas o para otras.
“Si una persona no pasa una verificación de antecedentes para comprar o poseer una escopeta o un rifle, tampoco debería poder comprar municiones”, sostuvo el asambleísta Jeffrey Dinowitz, quien promovió esta legislación junto con Michael Gianaris. “Al promulgar esta ley, estamos dando nuevos pasos para prevenir la violencia armada y las tragedias en todo el estado de Nueva York”.
Las dos medidas forman parte de la agenda estatal de prevención de la violencia armada. Según la gobernación, desde que Hochul asumió el cargo, su administración ha comprometido cerca de 4,000 millones de dólares para iniciativas de seguridad pública y ha duplicado los fondos destinados a combatir la violencia con armas de fuego.
Durante la cena, Hochul también recibió el Premio Allard K. Lowenstein al Servicio Público, que reconoce el compromiso con el servicio a la comunidad y la defensa de medidas de seguridad relacionadas con las armas.
