La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó este lunes una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia en una demanda contra una nueva regla de la administración Trump que permitiría a los funcionarios de inmigración considerar una amplia variedad de beneficios públicos al decidir si conceden la residencia permanente o autorizan la entrada de una persona a Estados Unidos.
La medida, prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre, podría permitir que las autoridades tomen en cuenta el uso de programas como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el seguro médico financiado por el estado e incluso los almuerzos escolares gratuitos o de precio reducido.
La demanda fue presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Sur de Nueva York. Paralelamente, una coalición de gobiernos locales encabezada por la ciudad de Nueva York interpuso otra acción legal para cuestionar los efectos económicos y administrativos que tendría la normativa sobre ciudades, condados, escuelas y sistemas de salud.
“Las familias trabajadoras no deben quedarse sin el apoyo que necesitan por miedo a que pedir ayuda signifique su deportación”, declaró James. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, a la cobertura de atención médica y a otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal”.
La fiscal general recordó que su oficina combatió anteriormente una política similar y aseguró que Nueva York volverá a liderar los esfuerzos nacionales para impedir que las familias inmigrantes renuncien a servicios esenciales por temor a perjudicar su situación migratoria.
Durante más de 140 años, el concepto de “carga pública” se ha utilizado para identificar a una persona que probablemente dependerá principalmente del gobierno para su subsistencia a largo plazo.Una regla federal aprobada en 2022 estableció que una persona solo podía ser considerada una posible ‘carga pública’ si dependía principalmente de ayudas económicas en efectivo del gobierno o si permanecía por largo tiempo en una institución financiada por el gobierno.
Según la demanda, la nueva normativa abandonaría esa interpretación y concedería a los funcionarios de inmigración una discreción considerable para tomar en cuenta casi cualquier beneficio público utilizado durante cualquier periodo. También permitiría considerar la asistencia recibida legalmente por integrantes de la familia del solicitante, aunque estos sean ciudadanos estadounidenses.
Por ejemplo, la solicitud de residencia permanente de un padre o una madre inmigrante podría verse afectada si su hijo ciudadano estadounidense utilizó un seguro médico financiado por el estado. Los funcionarios también podrían considerar la participación de un menor en un programa de comidas escolares al evaluar la solicitud migratoria de su progenitor.
La regla no establece con claridad cuáles beneficios, qué cantidad de ayuda o qué duración de uso podrían perjudicar al solicitante, según los estados demandantes. Esa incertidumbre, argumentan, obligaría a las familias a decidir entre solicitar asistencia legítima o evitarla por miedo a sufrir futuras consecuencias migratorias.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que el temor podría extenderse incluso entre personas que continúan siendo plenamente elegibles para recibir esos beneficios.
“Los neoyorquinos tendrán miedo de ir al médico o pedir la ayuda que por ley les corresponde”, afirmó Mamdani. “Nuestras comunidades inmigrantes no son una carga. Son las personas que hacen grandes a la ciudad de Nueva York y al país”.
La ciudad de Nueva York encabeza una coalición local integrada también por Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y el condado de King.
Los demandantes sostienen que una versión anterior de la política provocó que numerosas familias de estatus migratorio mixto y refugiados abandonaran programas públicos, aun cuando tenían derecho a utilizarlos. De acuerdo con la información presentada por la coalición, las tasas de retiro llegaron hasta el 35% entre familias de estatus mixto y hasta el 60% entre refugiados.
El Departamento de Seguridad Nacional calcula que este efecto disuasorio podría costar a los estados alrededor de $4,050 millones anuales en fondos de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños, conocido como CHIP, además de aproximadamente $1,000 millones en fondos de SNAP en todo el país, según la demanda.
Los fiscales generales advierten que la disminución en el uso de esos programas podría tener consecuencias más amplias. Las personas sin cobertura médica podrían postergar sus consultas y recurrir posteriormente a las salas de emergencia, aumentando la presión sobre hospitales y centros comunitarios de salud.
Las escuelas también podrían perder la certificación automática para ofrecer comidas gratuitas o a precio reducido si la inscripción en Medicaid y SNAP cae por debajo de determinados niveles. La reducción podría afectar igualmente los fondos federales del Título I destinados a instituciones educativas que atienden comunidades de bajos ingresos.
Los estados señalan, además, que una menor participación en SNAP afectaría a supermercados y otros negocios locales que reciben ingresos procedentes de las compras realizadas por los beneficiarios.
La coalición sostiene que la norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo por ser “arbitraria y caprichosa”, exceder la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional y apartarse de la interpretación histórica establecida por el Congreso.
Los demandantes están solicitando que un juez federal declare ilegal la regla de “carga pública” de 2026 y la anule. La presentación de la demanda, por sí sola, no significa que la norma haya quedado suspendida; será necesario esperar una decisión judicial sobre la petición de bloquear su implementación.
Además de Nueva York, participan en la demanda los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania.
La demanda y sus argumentos fueron anunciados por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York. La ciudad también confirmó el anuncio conjunto de James y Mamdani en su portal oficial.
Nota del editor: La presentación de esta demanda no suspende automáticamente la entrada en vigor de la regla. Las familias con dudas sobre cómo podría afectarles deben buscar asesoría de un abogado de inmigración acreditado antes de abandonar beneficios públicos o tomar decisiones relacionadas con sus solicitudes migratorias. Este artículo no constituye asesoría legal.
