Un tribunal federal bloqueó el jueves pasado a la administración Trump de obligar a Nueva York y a otros estados a que tengan que entregar datos personales de los beneficiarios del programa de cupones de alimentos del estado, en una decisión que representa una victoria para las comunidades inmigrantes que temían que dicha información pudiera ser utilizada en su contra, según defensores.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabezó la demanda junto con otros 21 estados, afirmó que la orden de restricción temporal protege a las familias vulnerables que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, por sus siglas en inglés, por lo menos mientras avanza la demanda en tribunales.
“Nadie debería tener que temer que la asistencia en la que confían para poner comida en la mesa sea usada en su contra por esta administración,” declaró James.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos había exigido a los estados, desde enero de 2020, que proporcionaran nombres, direcciones, números de Seguro Social y otros datos sensibles de todos los beneficiarios de SNAP. La agencia amenazó con retirar la financiación federal a los estados que se negaran a cumplir con esa orden.
Nueva York y la coalición de estados demandantes argumentaron que esta exigencia violaba leyes de privacidad tanto federales como estatales, y advirtieron que los datos probablemente serían compartidos con agencias de control migratorio.
Las preocupaciones se centraron especialmente en las familias de estatus migratorio mixto, en las que padres no ciudadanos solicitan beneficios de SNAP en nombre de sus hijos ciudadanos estadounidenses. Aunque los no ciudadanos generalmente no son elegibles para recibir asistencia de SNAP, la ley federal permite que soliciten ayuda en nombre de miembros de la familia que sí califican.
En el estado de Nueva York, la dependencia del programa SNAP ha crecido tras la pandemia. Según un informe de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York emitido en julio, el número de hogares inscritos en SNAP alcanzó los 1.75 millones en marzo de 2025, reflejando un aumento constante desde 2020 tras varios años de descenso. El informe señala que las tendencias en inseguridad alimentaria han seguido la evolución de los hogares beneficiarios del programa.
El mismo documento destaca que, si bien los precios de los alimentos en casa fueron relativamente estables antes de la pandemia, desde marzo de 2020 han aumentado un 23.5 % hasta marzo de 2025. Además, una encuesta realizada en 2024 a 3,774 personas por Long Island Cares reveló que el 69 % de quienes usaron despensas de alimentos afiliadas lo hicieron debido al costo de la comida o la inflación.
Este aumento en los precios no ha ocurrido aisladamente, ya que otros gastos también han experimentado inflación, como los alquileres, que aumentaron un 27.1 % en el mismo período. Estos incrementos coinciden con un aumento en la pobreza en Nueva York, con un 17.6 % de los residentes viviendo bajo la medida suplementaria de pobreza en 2023, frente al 15.9 % en 2019.
Según datos de la fiscal general de Nueva York, aproximadamente 1.7 millones de hogares participaron en el programa SNAP hasta mayo de 2025, lo que representa a más de 2.9 millones de personas, incluidos casi un millón de niños.
El Tribunal del Distrito Norte de California emitió este jueves una orden de restricción temporal que impide al USDA exigir los datos y también prohíbe que retenga los fondos del programa a los estados que presentaron la demanda.
Diversos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el intercambio de datos entre agencias de nutrición e inmigración disuada a familias elegibles de solicitar ayuda alimentaria, lo que podría provocar que muchos niños queden sin la nutrición adecuada.
La demanda fue respaldada por fiscales generales de estados con importantes poblaciones inmigrantes, como California, Illinois, Nueva Jersey y Massachusetts, así como el Distrito de Columbia y Kentucky.
