Residentes del East End organizan para hoy miércoles una serie de vigilias simultáneas bajo el lema “Shine a Light” (“Enciende una luz”), en memoria de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero, dos hombres muertos por disparos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operativos migratorios realizados con días de diferencia en Houston, Texas, y Biddeford, Maine.
“Nos reunimos otra vez para llorar y recordar a dos vidas más arrebatadas por agentes federales,” dijo en una entrevista con Tu Prensa Local Anita Boyer, organizadora de las vigilias comunitarias.
“Dos familias más destrozadas. Dos viudas más. Dos comunidades más aterrorizadas. ¿Cuándo nos vamos a levantar y exigir justicia?”
Según el volante de la convocatoria, las vigilias se realizarán a las 7 de la noche en cinco localidades del East End. Se pide a los asistentes llevar una linterna o una vela.
- Westhampton Beach — The Great Lawn, 35 Main St., Westhampton Beach, NY 11978
- Southampton— Agawam Park, 51 Pond Ln., Southampton, NY 11968
- Riverhead— Ayuntamiento de Riverhead (Town Hall), 4 W 2nd St., Riverhead, NY 11901
- East Hampton— Hook Mill, 42 Main St., East Hampton, NY 11937
- Greenport— Mitchell Park, 115 Front St., Greenport, NY 11944
Los dos hombres recordados
Guerrero, de 26 años y originario de Colombia, murió el lunes en Biddeford, Maine, cuando un agente de ICE le disparó durante lo que el DHS describió como un operativo de vigilancia dirigido a otra persona con una orden de deportación pendiente. Vivía con su pareja y su hija de tres años, y trabajaba como repartidor. La oficina del senador Angus King indicó que Guerrero no era el objetivo del operativo.
Salgado Araujo, de 52 años y de origen mexicano, murió el 8 de julio en Houston tras casi 35 años viviendo en Estados Unidos. Era padre de tres hijos y tenía su propio negocio de construcción. Según ICE, agentes le dispararon después de que embistiera un vehículo policial durante una parada de tránsito vinculada a la búsqueda de otra persona; los pasajeros que viajaban con él, además de testigos en la escena, han cuestionado esa versión ante sus abogados.
Ambos casos se suman a una serie de tiroteos fatales protagonizados por agentes de ICE durante operativos migratorios en distintas ciudades del país en los últimos meses, entre ellos las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis a inicios de año.
Las vigilias de mañana no son las primeras que se organizan en la región en respuesta a operativos de ICE. En enero, tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, residentes del East End realizaron una convocatoria similar. En esa ocasión, Boyer señaló que el objetivo de esas acciones es exigir que las autoridades y agentes de ICE rindan cuentas por actuar presuntamente fuera de la ley, y que los líderes locales protejan la seguridad pública de todos los residentes.
Protección para el East End
Además de exigir justicia por las muertes de Guerrero y Salgado Araujo, las vigilias buscan presionar para que los demás municipios del East End que aún no lo han hecho adopten una ordenanza similar a la aprobada en mayo en East Hampton, tanto a nivel de town como de village.
La ordenanza, denominada Ley de Seguridad Pública y Rendición de Cuentas e impulsada por la organización OLA of Eastern Long Island, reconoce explícitamente la autoridad del gobierno federal para promulgar y hacer cumplir las leyes de inmigración, en línea con lo establecido por la Constitución de Estados Unidos. No obstante, aclara que, dentro del sistema federal, los estados y los gobiernos locales mantienen facultades propias —en particular el llamado “poder policial”— que les permite velar por la seguridad, el orden y el bienestar de sus comunidades.
La ley parte de la premisa de que la eficacia del trabajo policial local depende, en buena medida, de la confianza de los vecinos, del respeto a los derechos humanos y de la transparencia en el ejercicio de la autoridad. Según el texto, cuando el miedo o la incertidumbre generados por operativos federales de inmigración llevan a los residentes a alejarse de las instituciones públicas, la seguridad de toda la comunidad se ve afectada, porque caen tanto las denuncias de delitos como la cooperación con las autoridades.
Entre sus disposiciones centrales, la normativa prohíbe al municipio suscribir acuerdos con el gobierno federal que deleguen funciones migratorias en agencias locales, como los previstos en la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Además, salvo que medie una orden judicial o una obligación legal expresa, el personal municipal tiene prohibido usar recursos del pueblo —incluidos empleados, vehículos, instalaciones, fondos o bases de datos— para investigar, detener, interrogar, arrestar o trasladar personas con el único fin de hacer cumplir leyes migratorias de carácter civil.
